Castigan a oficiales por desvío de recursos en el Registro Civil

Contraloría destituye e inhabilita a funcionarios de Tecoh, Citilcum y Motul por un desvío de recursos superior a los $500 mil.

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El Poder Ejecutivo determina el precio de servicios del Registro Civil. (Milenio Novedades)

El Poder Ejecutivo determina el precio de servicios del Registro Civil. (Milenio Novedades)

Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- Por un presunto desvío de más de 500 mil pesos y por no entregar sus informes de declaración patrimonial, desde la semana pasada cuatro funcionarios fueron destituidos e inhabilitados hasta por tres años porque no reportaron ingresos a la Agencia de Administración Fiscal ni el monto de sus percepciones cuando estaban en el Gobierno.

El contralor general del Gobierno del Estado, Miguel Fernández Vargas, informó ayer que la afectación es de 568 mil pesos a las finanzas del Registro Civil, que detectaron durante el proceso de auditorías, y que tras la aplicación de sanciones, la Secretaría de Administración y Finanzas hará efectivas las multas.

Se trata de Nicolás Pardenilla Medina, quien se desempeñaba como Oficial del Registro Civil en el municipio de Tecoh, fue destituido de su cargo, inhabilitado por seis meses y multado con 196 mil 856 pesos por no ingresar a la Agencia de Administración Fiscal el pago de derechos por servicios que presta el Registro Civil.

Xavier Ariel Carrillo Castro, Oficial del Registro Civil en Citilcum comisaría de Izamal, fue destituido, inhabilitado por seis meses y multado con 19 mil 888 pesos por no ingresar a la Agencia de Administración el pago de derechos por servicios que presta el Registro Civil.

Fernando Peraza Cortés, Oficial del Registro Civil en el municipio de Motul, fue destituido de su cargo, inhabilitado por tres años y multado con 352 mil 088 pesos -la sanción más alta que ha impuesto la Contraloría General del Estado en la actual administración- por no ingresar a la Agencia de Administración el pago de derechos por servicios que presta el Registro Civil.

Adriana Alejandra Góngora Tolosa, quien se desempeñaba como director en la Coordinación General de Comunicación Social, fue inhabilitada por seis meses por la falta de presentación de su declaración patrimonial durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y de conclusión de su cargo.

Sanción a coordinadora de Comunicación por omisión de informe en declaración patrimonial 

Al respecto, el Contralor General del Estado, Miguel Fernández afirmó que la sociedad debe estar segura que la Contraloría realiza su función de auditorías con apego a la ley y se verá reflejada en el tiempo en el gobierno de Rolando Zapata Bello”.

“Hemos seguido los pasos que deben aplicarse en cualquier procedimiento de este tipo y finalmente se determinó la inhabilitación y pago de una multa a estas personas. Este es el trabajo que a mí me ha normado siempre como Contralor, ver que los funcionarios públicos cumplan con su cometido: el de prevenir que se den ese tipo de situaciones como las que están reflejadas en esas destituciones e inhabilitaciones”.

Fernández Vargas afirmó que “ser funcionario público es una responsabilidad, sobre todo cuando te toca y te corresponde manejar dinero público, que como bien dice su nombre es público, no particular, uno debe estar acostumbrado a vivir con el sueldo que se nos proporciona”.

Multas
  • La Contraloría General del Estado informó que con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, cuando la afectación al gobierno rebasa 100 veces el salario mínimo, la sanción a aplicar es la inhabilitación de seis meses a tres años. 
  • Cuando la afectación no rebasa los cien salarios mínimos la sanción es de hasta seis meses. La dependencia agregó que el monto de la sanción económica se determina con base en el daño o beneficio económico al que haya sido sujeto el funcionario. 

Con el respaldo de la ley

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán establece, entre otras cosas, las sanciones a funcionarios que hayan incurrido en faltas administrativas y asimismo los sujetos obligados a rendir la declaración patrimonial. 

Artículo 45:

Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:

  • I.- Apercibimiento privado o público.
  • II.- Amonestación privada o pública.
  • III.- Suspensión.
  • IV.- Destitución del puesto.
  • V.- Sanción Económica.
  • VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, que será impuesta, por la autoridad jurisdiccional a solicitud, del superior jerárquico o de la Contraloría según el caso.
  • Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que impliquen lucro o causen daños y perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquellos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, y de tres a diez años si excede de dicho límite.
Artículo 47:

En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados.

  • Las sanciones económicas establecidas en este artículo se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago.
Artículo 70:

Tienen la obligación de presentar su declaración anual de situación patrimonial ante la Contraloría del Estado, bajo protesta de decir verdad:

  • I. En el Poder Ejecutivo todos los servidores públicos, desde el nivel de Jefes de
  • Departamento hasta el Gobernador del Estado.
  • II. En el Congreso del Estado: los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero y Contador Mayor de Hacienda.
  • III. En el Poder Judicial: Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Jueces Secretarios de cualquier categoría o designación y Actuarios.
  • IV. En la Administración Pública Paraestatal y Municipal: Directores Generales, Gerentes
  • Generales, Subdirectores, Subgerentes y Servidores Públicos equivalentes de los
  • Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, y Fideicomisos
  • Públicos.
  • V.- En la Fiscalía General del Estado 
  • VI.- En los Tribunales Administrativos y del Trabajo: los magistrados y los miembros de las Juntas.
  • VII.- En la Administración Pública Municipal: los que señale la Ley Orgánica de los
  • Municipios.
  • VIII.- En la Contraloría del Estado todos los servidores públicos de confianza.
  • Asimismo, deberán presentar su declaración los demás servidores públicos que determine el gobernador por conducto de la Contraloría del Estado, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas.

Mejoran operatividad para evitar cobros “extra”

Por otro lado, la directora del Registro Civil estatal, Martha Góngora Sánchez, informó que han impulsado un esquema dirigido a las oficialías del interior del Estado para que se sujeten al tabulador de precios de los servicios autorizados.

La funcionaria precisó que se trata de la instalación de lonas con los costos de cada servicio, y asimismo se realizan visitas de supervisión para garantizar que no se cobre un “extra” a los usuarios en toda la entidad.

Martha Góngora manifestó que como parte del proceso de análisis de operatividad y el proceso de modernización del programa de interconexión digital, revisaron la función de las oficialías, lo cual les permitió detectar diferencias en los cobros de los servicios que ofrecen. 

Oficialías del interior del Estado se sujetara al tabulador de precios de los servicios autorizados en el Registro Civil

Dijo que lo anterior no está permitido, ya que los precios que aprueba el Poder Ejecutivo son los que rigen en toda la entidad, estas diferencias de precios que aplican en algunos municipios han sido con la justificación de obtener recursos para pagar los costos de luz, incluso de internet, debido a que algunas oficinas están en domicilios particulares no en edificios públicos.

En este sentido, Góngora Sánchez dijo que debido a que muchas oficialìas abrieron hace muchos años, algunas de ellas por común acuerdo se establecieron en los domicilios de los oficiales; pero las poblaciones han crecido y el proceso de modernización que está realizando el Gobierno estatal no puede efectuarse en domicilios particulares.

Agregó que en este momento están en el proceso de acondicionamiento de edificios públicos como los palacios municipales o del comisariado para tener áreas más amplias, en los cuales las personas esperen con mayor comodidad mientras realizan sus trámites de solicitud de actas, inscripción de nacimientos e incluso la celebración de matrimonios.

“Esto implica el diálogo con los oficiales del Registro Civil de cada municipio o comisarìa en la cual funcione una Oficialía; en todos los casos donde ya iniciaron el proceso, ahora estas oficinas funcionan en un edificio público sin problemas”, indicó.

Dijo que se coordinan para la entrega de los libros y también para avisar que ya acordaron con el Comisariado que las oficinas se trasladen a nuevos lugares, lo cual permitirá la instalación de la antena que permitirá interconectarla a la central digital.

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