MÉRIDA, Yuc.- A pesar de que declaró que las acusaciones en su contra son falsas, Martín Medina Sonda fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado, debido a que el juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero, otorgó más valor a los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado, en los cuales se presume que la planeación del asesinato de Emma Molina Canto comenzó en agosto del 2016.

La declaración de uno de los otros implicados en el crimen, el vinculado C. R. B., fue primordial para señalar la participación de Medina Sonda en estos hechos, pues fue quien detalló que la expareja de Molina Canto lo contactó desde agosto de 2016 para localizar a la víctima y a sus hijos en Mérida.

Este lunes, el juez Mugarte Guerrero consideró que Medina Sonda habría contratado a C. R. B. para vigilar a su exesposa y a sus hijos, ya que uno de ellos estudiaba en una secundaria de la ciudad. Con este indicio, el cómplice de Sonda vigiló a la víctima y después habría contradado a los sicarios tabasqueños para ejecutar el crimen. Además, C.R.B. trabajó con otra persona, por lo que hasta el momento son cinco los presuntos implicados en el crimen de Molina Canto.

El juez también señaló que la madre de la víctima, la señora Ligia Canto, dijo en su denuncia que Medina Sonda trataba de restablecer su relación con su hija Emma Molina Canto e incluso presentó un video en el que el ahora vinculado solicitaba entablar un diálogo con Emma Gabriela, con el objetivo de convencerla. El video es de finales de 2012.

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En su declaración de este lunes, Medina Sonda dijo que no existen registros de llamadas suyas a alguno de los otros acusados, además de que tampoco ha realizado depósitos bancarios, también afirmó no tener relación con Emma Gabriela desde el 2012, por lo que según él, las declaraciones en su contra son falsas.

Finalmente Medina Sonda fue vinculado por el delito de feminicidio agravado, y se le decretó la prisión preventiva por un año, además de que se otorgó a la Fiscalía General del Estado un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.