Luis Fuente/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- En el estado existen entre 30 y 40 denuncias por torturas, las cuales han sido interpuestas por supuestos delincuentes quienes al ser presentados ante los jueces alegan algún tipo de coerción para obtener su confesión en la comisión del delito.

Los mismos juzgados de control ordenan a la Fiscalía abrir carpetas de investigación para determinar si existe la tortura en este tipo de casos, afirmó el fiscal general del estado, Ariel Aldecua Kuk.

El pasado sábado circuló en diversos medios un video en el que supuestamente se tortura en el municipio de Tekax a una persona acusada de robar ganado. 

F. A.  A. B.,  de 26 años de edad, interpuso una denuncia por tortura contra cinco agentes de la policía municipal de Tekax.

Señaló que alrededor de las nueve de la mañana del viernes, fue detenido por agentes de la Policía Municipal en la calle 57 x 20, cuando transitaba a bordo de una motocicleta, para trasladarlo a la Comandancia donde permaneció por unos 15 minutos.

Posteriormente, lo sacaron de las instalaciones de la corporación con la cara tapada y lo llevaron a un lugar desconocido (al parecer en las instalaciones de la casa de la cultura) ubicado a la salida de esta ciudad, donde lo torturaron,  al tiempo de que lo acusaban del robo. Luego lo regresaron a la Policía Municipal y lo turnaron al Ministerio Público.

'La excepción'

Aldecua Kuk afirmó que este caso es una excepción y no debió ocurrir, pues el delito se debe combatir con respeto a los derechos humanos de todos los involucrados en los hechos.

El funcionario manifestó que el Gobierno del Estado ha trabajado en la capacitación de las corporaciones policiacas en materia de derechos humanos y la importancia de salvaguardar la integridad de los involucrados en un proceso penal.

Este lunes, el juzgado de Control dictó la prisión preventiva a cinco policías municipales de Tekax, a quienes se les imputó el delito de tortura y en caso de que al final del proceso se les declare culpables podrían alcanzar hasta 12 años de cárcel.