Piden 'correr' a funcionaria electoral por contratar familiares

Según el Partido Encuentro Social, la funcionaria electoral Naybi Herrera habría utilizado su cargo para favorecer a sus familiares.

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Naybi Janeth Herrera Cetina es acusada de favorecer económicamente a tres familiares aprovechando su cargo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. (Archivo/ Milenio Novedades)
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Israel Cárdenas/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- El Partido Encuentro Social solicitó este martes a la Junta Local del INE la destitución de la consejera electoral del Iepac, Naybi Janeth Herrera Cetina, por nepotismo ya que operó contrataciones económicas a favor de tres familiares.

El presidente del citado partido, Jesús Gerardo Sulú Cen, dijo que para fundamentar lo anterior entregaron a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral copias certificadas de las sesiones del Comité de Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, además de actas de nacimiento originales para comprobar parentescos.

El dirigente político dijo que la consejera electoral del Iepac entró en funciones en octubre de 2014, sin embargo, en el ejercicio de su cargo ha favorecido a su hermana, Claudia Ivette Herrera Cetina, quien fue ascendida como jefe de departamento cuando la consejera ocupó el puesto. Además, la funcionaria promovió que a Claudia Ivette se le autorice una compensación mensual de 14 mil 311.63 pesos, además de que votó a favor de lo mismo. 

Según el dirigente de Encuentro Social, la funcionaria también realizó la contratación de su cuñado, Adrián Emir Villanueva, quien funge como asistente, y la de su prima, Magaly Guadalupe Pérez Ucaña, que se desempeñan como jefa de oficina de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Iepac.

“El Partido Encuentro Social ha tenido una clara lucha para que en el Iepac los cargos sean ocupados por ciudadanos respetuosos de la ley y que puedan garantizar la democracia, ya que un consejero o consejera que no respete la ley y se sirva de su posición para obtener un beneficio particular, no podría considerarse que sea un árbitro electoral imparcial y con amplio sentido de la legalidad”, dijo ayer el presidente del citado instituto político, Jesús Gerardo Sulú.

Agregó que los partidos políticos tienen la obligación de vigilar los actos del Iepac y que cuando se viole la ley, en un acto de congruencia “nos vemos obligados a alzar la voz y denunciarlos”.

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