Ana Hernández/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Por aterrizar en una zona no autorizada de la isla del Parque Nacional de Arrecife Alacranes y por operar en aeródromos no autorizados, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT, multará por hasta dos millones 365 mil pesos a la empresa y al piloto del helicóptero que modificaron sin autorización el plan de vuelo.

Este miércoles por la tarde, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado en el que indica que la sanción a la empresa Heliservicio S.A. de C.V. propietaria y al piloto del helicóptero matrícula XA-EHP, un Bell modleo 412EP, podría ser de hasta dos millones de pesos.

Además, la DGAC suspendió provisionalmente la licencia al piloto, en tanto se desarrollan las investigaciones del incidente y se deslindan responsabilidades. 

El piloto tendría que pagar una sanción de 365 mil pesos por desobedecer instrucciones del operador aéreo.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició la investigación correspondiente por posibles daños en el Área Natural Protegida (ANP), Parque Nacional Arrecife Alacranes, que se inició por una denuncia popular por el aterrizaje de helicóptero en dicha ANP; es el primer caso que analizan de ese tipo.

En entrevista, el delegado de la Profepa, José Lafontaine Hamui, señaló que este mismo miércoles llegaron los inspectores que fueron a la isla a levantar el acta y la evidencia del daño causado, para enviar el acta a las oficinas centrales.

Sobre la responsabilidad en los hechos, indicó que hay de dos tipos: la subjetiva y la objetiva, quién estaba  piloteando, quién es el comandante de la embarcación, quien tenía el dominio funcional del hecho, es decir, quién pudo haber evitado que aterrizara ahí y quién tenía la obligación de no aterrizar, y si alguien que estaba ahí lo pudo haber impedido por sus conocimientos.

Los probables responsables son: uno el piloto y otro quien tenía el co-dominio legal del hecho, para ver el grado de responsabilidad que puede tener o el patrón de la aeronave, se irán deslidando responsabilidades. “Hay algunos nombres que han estado sonando, pero no por el hecho de ir en la aeronave van a recibir una sanción o sean responsables de algún tipo de conducta, hay que distinguir la responsabilidad directa en sentido administrativo y la responsabilidad por percepción”.

“Vamos a llamar a los probables infractores para que manifiesten lo que a derecho convenga sobre el acta y se defiendan de acuerdo a la ley…tenemos que hacer un trabajo muy puntual apegado a derecho para que el procedimiento sea pulcro y poder sancionar todas las formalidades del proceso”, precisó.

Inspección, infracción y revisión de evidencias

Indicó que la norma establece sanciones que van de 50 a 50 mil unidades de medidas y actualización, depende  de lo que haya sucedido, de los daños generados, y la infracción por el simple aterrizaje. Ahora se está en la etapa de la inspección y recabar evidencias.

“La evidencia que (se trajo) es el primer contacto que tiene la Profepa con el lugar de los hechos”, señaló, al ratificar que la primera ilegalidad del acto es el aterrizaje, está prohibido en esa zona, es una zona natural protegida.

Cuestionado sobre el hecho de que el Senador Emilio Gamboa Patrón, el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, no su titular, estén involucrados en el hecho, atendiendo una invitación del empresario Emilio Díaz Castellanos, indicó que esto no reduce la actuación de la dependencia a su cargo, ellos se encargan de investigar el daño ambiental, no la bitácora de pasajeros.

Aseguró que la revisión incluirá en el lecho marino, si la aproximación del yate, que también es propiedad del empresario, causó alguna afectación al arrecife. 

La inspección no es sólo en tierra, sino en la zona perimetral.

• Además de la denuncia en redes, la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), interpuso la denuncia por los hechos el pasado lunes ante la Profepa.
• Alacranes concentra la estructura coralina más grande del Golfo de México, por lo que de haber ocurrido algún daño, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley General de Vida Silvestre.