Una lluvia de denuncias penales ha sido presentada por los tres alcaldes de la coalición PAN-PRD en contra de sus antecesores en estos primeros seis meses de gobierno por presuntos desvíos de recursos, mal uso del poder y un cúmulo de irregularidades que están a la vista, pero que sin embargo parecen no ser suficientes para llevar a estos peces gordos ante la justicia, porque más allá del quemón mediático no ha pasado nada.

Los alcaldes Luis Torres Llanes de Othón P. Blanco (Chetumal), Cristina Torres Gómez de Solidaridad (Playa del Carmen), y Perla Tun Pech de Cozumel, se han lanzado en distintos momentos contra sus antecesores, los cuales ni siquiera han sido llamados a cuentas por las autoridades encargadas de procurar justicia.

La primera en abrir fuego fue la alcaldesa playense Cristina Torres, que en diciembre pasado denunció penalmente al ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, y a su tesorero, Gabriel Castro, ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades detectadas en la retención de pagos de préstamos a los burócratas municipales.

En Chetumal, el gobierno de Luis Torres Llanes que también desde noviembre del año pasado acusara en conferencia de prensa un presunto quebranto al erario municipal por unos 117 millones de pesos cometido durante la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui, se tomó su tiempo para finalmente presentar las denuncias penales ante la Fiscalía iniciando este mes de marzo.

Por su parte, Perla Tun hizo lo propio apenas la semana pasada, un día después de que su odiado antecesor, Fredy Marrufo Martín, fuera colocado como delegado federal de la SEDATU. La controvertida presidenta lo denunció ante la PGR y la Fiscalía local por el manejo indebido de 405 millones de pesos, y a la par solicitó un juicio político contra el ex alcalde en el Congreso local.

Pero esta andanada legal en contra de los ex rapaces ex alcaldes priistas parece estar cargada con puras balas de salva, porque una vez que las demandas llegan a las instancias judiciales, se diluyen en un mar de burocratismo hasta que se pierden por completo.

Ni la PGR, ni la Fiscalía estatal dirigida por Miguel Ángel Pech, parecen darle importancia a estas denuncias que llevan gran peso político, actuando con extremo tortuguismo a pesar de que tienen los elementos para proceder a la vista.

Y en el Congreso local hasta el momento no se han querido meter en honduras enjuiciando a miembros de la clase política, por lo que no se sabe si realmente procederán contra el cozumeleño Fredy Marrufo Martín, que por su nueva posición como delegado goza de una protección adicional por parte del gobierno federal priista.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque las denuncias de nada sirven, si los encargados de hacer justicia favorecen la impunidad.