Señalados públicamente por la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca de violencia política y amenazas, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Víctor Vivas Vivas, y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal, están en medio de un escándalo que podría concluir con sus destituciones y hasta una inhabilitación ejemplar por esta y otras denuncias que pesan sobre ellos, lo que sería una nueva abolladura para la maltrecha imagen tanto del Teqroo como del Poder Judicial de Quintana Roo.

Este par de magistrados tiene profundos lazos con el grupo político que gobernó a la entidad los dos sexenios pasados. Víctor Vivas es primo del ex gobernador y actual senador Félix González Canto, mientras que Carlos Lima Carvajal fue el abogado personal y hombre de todas las confianzas de Roberto Borge Angulo.

Ambos llegaron a ocupar las magistraturas por imposición descarada dictada desde el Palacio de Gobierno y no por su capacidad o méritos profesionales.

Ahora, sin el manto protector de sus padrinos políticos, los dos magistrados están en una posición vulnerable ante la actual Legislatura que está dominada por la coalición PAN-PRD, pero los diputados se han visto extremadamente cautelosos en su actuar.

A pesar de que la primera solicitud de juicio político contra Víctor Vivas y Carlos Lima interpuesta por la Consejera del Ieqroo Claudia Carrillo Gasca ingresó desde hace meses, los diputados de la Comisión de Justicia han actuado con pasmosa calma para atender el reclamo de la funcionaria, permitiendo incluso que las denuncias se sigan acumulando.

Hasta el momento, pesan tres denuncias contra Víctor Vivas Vivas que embarran a los otros magistrados electorales, Vicente Aguilar y Nora Cerón. La primera fue de Claudia Carrillo, la segunda la presentó otro consejero electoral, Sergio Avilés Demeneghi, y la más reciente la puso el partido Morena.

Las tres solicitudes apuntan a la cabeza de Vivas Vivas con diferentes elementos, que van desde señalamientos por hostigamiento, violencia política, amenazas, hasta un desempeño parcial de sus funciones a favor de los partidos a los que es afín, el PRI y el Verde.

En el caso de Carlos Lima, el Congreso tiene en las manos la denuncia de Claudia Carillo, quien este mismo miércoles en el marco del Día Internacional de la Mujer habló fuerte en una conferencia de prensa que ofreció en el Senado de la República para meter presión a los diputados en el seguimiento a su denuncia.

Sin embargo el Congreso está a la espera de que el Poder Judicial ingrese una nueva denuncia contra Carlos Lima Carvajal, después de que el pleno del Tribunal al que pertenece encontró que el magistrado no presentó su declaración patrimonial en el tiempo establecido por la Ley, omisión que podría costarle el cargo.

Es un hecho que los diputados tienen suficiente tela para costurar un juicio político a la medida de esta pareja de magistrados del felixismo-borgismo, pero es cuestión de voluntad política, de querer ir a fondo sin importar el desgaste y las presiones habituales de la grilla.

Y es allí donde la puerca tuerce el rabo, porque los legisladores han demostrado que son muy buenos para la denuncia mediática y superficial, pero sin un interés real en enjuiciar a los malos actores políticos pasados y actuales.

Para evitar la fatiga, la Comisión de Justicia ha bateado de jonrón cuanta solicitud de juicio político ha llegado a sus manos excusándose con cualquier pretexto legal. Dejaron irse sin siquiera un jaloncito de orejas a los ex alcaldes de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, denunciados por ex trabajadores maltratados, y también al Ombudsman colocado por Roberto Borge, Harley Sosa Guillén, denunciado por abogados por su omisa labor en casos de tortura.

Quizá por esos antecedentes de los timoratos diputados Víctor Vivas y Carlos Lima andan muy despreocupados a pesar del escándalo que los amenaza.