Jaime Tetzpa/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- Aunque el dictamen fiscal es una auditoría realizada por un contador público externo a las empresas para garantizar el buen cumplimiento en el pago de sus impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo considera innecesario, ya que gracias al avance tecnológico se podrían hacer de forma “exprés”. 

Además, considera que este dictamen no ha cumplido su objetivo, ya que en el 98 por ciento de las revisiones directas realizadas detectaron “observaciones” que no fueron reportadas por el contador público. Ante ello, dijo el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, se planteó eliminarlo en la propuesta de reforma hacendaria.

No obstante, los contadores públicos exponen que las autoridades no cuentan con el personal necesario para realizar ese trabajo que, además de dar certeza jurídica a los empresarios, les proporciona la seguridad de que cumplen correctamente con sus impuestos.

Al respecto, el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, que preside Laura Cervera Urtiaga, indicó que a nivel nacional, de 90 mil dictámenes presentados, sólo fueron revisados ocho mil 820, lo cual no es representativo.

Señaló que la reforma pretende otorgar a la autoridad facultades extraordinarias para realizar auditorías exprés, así como reducciones en los plazos para que los contribuyentes aclaren las observaciones que les pudiera hacer la autoridad.

Advirtió que, de aprobarse la reforma, las revisiones directas podrían incrementarse con la consecuente molestia para los contribuyentes por el tiempo que tendrían que dedicar a los cuestionamientos y solicitudes de información del SAT, lo cual va en sentido contrario a la simplificación tributaria.

Recordó que el dictamen fiscal ayuda al contribuyente a contar con un instrumento, que a través de la aplicación de normas de auditoría, permite detectar y corregir errores, omisiones o interpretaciones agresivas de la norma fiscal, mediante una autocorrección espontánea, para evitar multas o la comisión de delitos.

Agregó que de ser autorizada la reforma, se deberá permitir a los contribuyentes dictaminar fiscalmente sus estados financieros, a cambio de tener la tranquilidad de que un perito ajeno a la empresa hizo una revisión de sus estados financieros y que las operaciones presentadas se apegan al cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en las distintas leyes. 

Esta ventaja, agregó, ofrece tranquilidad a la administración de las empresas sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tiene beneficios para los contribuyentes sobre los que no se dictaminan.

Como ejemplo, mencionó que los contribuyentes dictaminados tienen devoluciones de impuestos más rápidas que los que no se fiscalizan de esta forma; otra es la opción de considerar en forma diferente los días de cierre de cada uno de los meses del ejercicio, lo que les facilita la determinación y pagos provisionales.

También la revisión de su situación fiscal por parte del Fisco se lleva a cabo en condiciones normales, a través de la revisión de los papeles de trabajo que hizo el contador público que dictaminó los estados financieros y, en caso de encontrar irregularidades, la visita del SAT se extiende al contribuyente.

Agregó que establecer un rango de cien millones de ingresos para ejercer voluntariamente la opción de dictaminarse dejaría a más del 50 por ciento de los 90 mil contribuyentes que hoy se dictaminan fuera de tomar dicha prerrogativa.

“Se considera que el dictamen fiscal voluntario debe ser una opción que puedan ejercer los contribuyentes que desean seguridad del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, independiente al monto de sus ingresos fiscales”, explicó. 

Los avales

El Dictamen de Estados Financieros para Efectos Fiscales, denominado dictamen fiscal, surgió mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1959.

En esa fecha se integró la Dirección de Auditoría Fiscal Federal, el registro de contadores públicos dictaminadores y la posibilidad de que los contribuyentes utilizaran los servicios profesionales de auditores externos.

Estos, después de haber realizado una auditoría de los estados financieros de una entidad, expresan en su informe, además de su opinión sobre los propios estados financieros, el resultado de la revisión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ese contribuyente.

El Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el dictamen debe emitirse junto con un informe sobre la situación fiscal del contribuyente, además de los distintos anexos que el reglamento requiere, que incluyan pruebas del cálculo y pago de ciertos impuestos y derechos, sin tomar en consideración la importancia relativa del monto de los mismos y presentados a partir del 2001 vía internet.

Se considera que la vigencia del dictamen y el incremento de los Contadores Públicos Registrados (CPR) es un reconocimiento tácito por parte de la autoridad de que el dictamen fiscal es un elemento coadyuvante en sus funciones de recaudación y fiscalización.

Menos obligación

• El SAT argumenta que con la factura electrónica se liberará a las empresas y contribuyentes  de la obligación de presentar el dictamen fiscal elaborado por un contador público certificado.
• El dictamen fiscal se creó como una herramienta para ayudar a la autoridad ante la falta de cobertura o insuficiencia en la tarea de fiscalización. 

Facultad visualiza impacto negativo en contaduría

La eliminación del dictamen como se propone en la iniciativa de reforma hacendaria tendrá un impacto negativo en la carrera de los contadores públicos, ya que muchos estudiantes aspiran a ser auditores y, en caso de aprobarse la iniciativa, los planes de estudio quedarían obsoletos, declaró Víctor Manuel Villasuso Pino, coordinador del cuerpo académico del área legal de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

El catedrático señaló que en el programa de estudios se encuentran materias específicas de dictamen fiscal, y en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa, se deberán adecuar los programas de estudio, lo cual causará un daño irreversible a la profesión, ya que a los alumnos les dejará de interesar esa especialidad, pues no representaría una fuente de trabajo para su futuro.

Aclaró que el dictamen fiscal garantiza a las empresas que, en caso de dudas de la autoridad respecto de la situación fiscal del contribuyente, primero serán revisados los papeles de trabajo del contador público que dictaminó, sin que la empresa sea molestada por este acto.

Mencionó que este semestre egresarán 200 alumnos y, en caso de desaparecer el dictamen fiscal, la repercusión será considerable, porque tendrán menos oportunidad de trabajar para las empresas que facturan arriba de los 30 millones de pesos anuales, y son las que realizan sus contribuciones al SAT con puntualidad. 

Listos para salir

• La matrícula actual en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán es de dos mil 400 alumnos, de los cuales, en este semestre, egresarán 200 nuevos contadores. 
• Víctor Manuel Villasuso Pino dijo que el dictamen fiscal es una valiosa herramienta que ayuda a mejorar las finanzas públicas, al promover que el Fisco tenga un incremento en la recaudación.

“No tienen capacidad para auditar comercio exterior”

Por otro lado, eliminar la figura del dictamen fiscal será un error, ya que el SAT no cuenta con personal especializado en diferentes rubros empresariales, como el comercio exterior, afirmó Alvaro Garza R. de la Gala, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), capítulo Yucatán, y director de la empresa maquiladora y exportadora Hong-Ho. 

El dirigente consideró que las grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Valores o los corporativos que tienen sucursales en diferentes países y facturan arriba de los 30 millones 470 mil 980 pesos al año seguirán dictaminando sus estados financieros “por salud contable y mental”, para evitar contratiempos con las autoridades hacendarias.

“Nos hemos encontrado con que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay personal que sepa de comercio exterior, lo cual es un problema constante, ya que si vienen a realizar una auditoría no tienen el personal capacitado. Eso implicaría dedicarles tiempo y orientarlos, pero si a los contadores de la empresa y al auditor les lleva más de mes y medio, hay que imaginar cuánto tardarán en aprender”, detalló.

Puntualizó que el SAT ha evolucionado en tecnología y cuenta con métodos para obtener valiosa información, pero aún no es momento de descartar el dictamen fiscal.

“Prácticamente, con el dictamen fiscal, se le hace el trabajo al SAT, ya que es un especialista el encargado de auditar el trabajo del contador de la empresa. Cada negocio tiene sus propias características y obligaciones fiscales. En nuestra compañía tenemos revisiones dos veces por año y le toma a la auditora un mes y medio. Imagínate, la Secretaría de Hacienda deberá destinar personal para venir a realizar la auditoría aquí”, explicó.

La diferencia, dijo, es que el auditor ya conoce la empresa y sabe qué revisar, pero una persona externa que no conoce el negocio y no sabe de comercio exterior, tardará hasta cuatro meses.

Agregó que en el SAT tienen mucho personal de oficina, pero no están capacitados para el dictamen fiscal, ya que cada empresa tiene un perfil específico, “no es lo mismo auditar a una empresa que vende productos refresqueros a una maquiladora; son impuestos y legislaciones diferentes”.

Otro problema es el tema de pensiones, subrayó, ya que también se habla de un seguro de desempleo, pero no le han explicado a la gente que se lo van a descontar del Infonavit.

Desaliento

• Los impuestos del IVA a las hipotecas y las colegiaturas son una “cortina de humo”, porque los temas importantes son el dictamen del código fiscal, consideran.
• El IVA a las importaciones temporales en la industria maquiladora, y la no deducibilidad de la nómina sobre los beneficios adicionales al empleado, desincentiva a empresarios.