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Bogotá.- El principal oleoducto de transporte y exportación de Colombia, Caño Limón-Coveñas, completó 56 días fuera de operaciones en lo que va del año, debido a una escalada de 38 atentados, denunció hoy la estatal Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol), informa Notimex.

En lo que va de este año se “han registrado 38 ataques al sistema de transporte de petróleo en Arauca, Boyacá, César y Norte de Santander; y se han identificado y retirado 27 válvulas ilícitas instaladas para el hurto de crudo en ese último departamento”, denunció Ecopetrol en un comunicado.

Desde el pasado 30 de mayo “el bombeo de crudo se encuentra suspendido cuando se presentó un derrame de crudo en la vereda Cerro Madera, en el municipio de Tibú (en el norte de Santander) producto de la instalación de una válvula ilícita. Para atender la emergencia se activó el respectivo plan de contingencia”, indicó.

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Ecopetrol agregó que “se ha incrementado la instalación de conexiones ilegales. Los técnicos y operadores de la empresa han identificado 17 válvulas, y se reportaron ocho nuevos atentados”.

El más reciente de los ataques contra esta infraestructura se registró el 21 de julio pasado, en la vereda La Granada, municipio de Saravena, departamento de Arauca, el cual provocó una rotura del sistema y el derrame de petróleo en un área de unos dos mil 500 metros cuadrados de suelo y capa vegetal, detalló la empresa estatal.

Los atentados y la instalación de conexiones ilícitas “a lo largo del oleoducto han dejado una afectación ambiental de 13 mil 300 metros cuadrados en 2017", indicó Ecopretrol al denunciar que a mayo pasado, estas acciones ilegales han provocado el derrame de 11 mil 64 barriles de petróleo y el robo asciende a unos 100 mil barriles.

Las labores de reparación del oleoducto “se han retrasado debido a los continuos hostigamientos con disparos a los helicópteros que transportan al personal, así como la incineración de maquinaria y la instalación de minas antipersona en algunas zonas donde se han cometido los ilícitos”.

Ecopetrol rechazó “estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, afectan gravemente al medio ambiente y el bienestar de las comunidades, así como el normal desarrollo de las actividades petroleras”.