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Arabia Saudita.- El magnate de la construcción Bakr Bin Laden, medio hermano del abatido terrorista Osama Bin Laden, figura entre las más de 200 personas detenidas en los operativos anticorrupción desplegados en Arabia Saudita.

El presidente del Saudi Binladin Group, un famoso conglomerado de construcción, no logró escapar de las redadas ordenadas por el príncipe heredero al trono, Mohamed bin Salman, lo que parece poner fin a una estrecha y larga alianza entre la firma y el reino saudita, informa el portal Infobae.

El grupo ha sido uno de los principales contratistas en el país, principalmente en las ciudades más sagradas, La Meca y Medina, así como en la construcción de palacios en los años siguientes al boom petrolero, infraestructura estatal, e incluso en proyectos de defensa. En el 2009, el Wall Street Journal destacó a la familia como la quinta fortuna más grande de Arabia, con una estimación de 7 mil millones dólares.

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"Los Bin Laden han mantenido su rol esencial para la realeza saudita pese a los eventos dramáticos", señaló Steve Coll, autor de un libro sobre la familia. Luego de los ataques del 11 de septiembre, orquestados por Osama bin Laden, el grupo contrató a abogados y especialistas de imagen para alejar a la empresa del líder terrorista, y manifestar su voluntad de cooperar con las autoridades estadounidenses.

"Bakr logró su objetivo de mantener a la compañía intacta, su legitimidad en la comunidad internacional, y avanzó para concentrarse en la construcción de la región", añadió Coll.

Según explicó el investigador, el rol de la familia creció cuando se convirtió en un importante prestamista de la monarquía, pero la relación se ha ido resquebrajando.

Problemas en la empresa

Los últimos años fueron decididamente negativos para la empresa. En el 2015, una grúa colapsó en La Meca y mató a 11 peregrinos en la Gran Mezquita. Bakr bin Laden fue impedido de salir del país mientras se desarrollaba la investigación. Además, la caída del precio del petróleo demoró los pagos y la empresa se vio obligada a despedir a miles de empleados, que desplegaron importantes protestas contra la firma.

Aunque la empresa no publica sus balances, medios locales estimaban que la fortuna de la familia no corría peligro. Sin embargo, la ruptura de los altos vínculos pone en riesgo el futuro de la compañía.

Las autoridades congelaron las cuentas bancarias de los acusados y avisaron que toda actividad relacionada con los asuntos de corrupción sería requisada como propiedad del Estado.