Martes, 6 de Diciembre del 2016

Pobreza, la otra cara de la lucha ‘antinarco’

Productores de la hoja de coca en países andinos, como Colombia y Perú, dependen cada vez más del mercado local.

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Cada año, los cultivadores obtienen de tres a cuatro cosechas, que venden en mercados locales y a empresas que pertenecen al propio Estado. (Archivo/EFE)

Cada año, los cultivadores obtienen de tres a cuatro cosechas, que venden en mercados locales y a empresas que pertenecen al propio Estado. (Archivo/EFE)

Rubén Mosso/Milenio
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La guerra contra las drogas no solo ha dejado una estela de sangre en América Latina, sino también de pobreza porque campesinos e indígenas de la comunidad andina de Perú, Bolivia y Colombia luchan por sobrevivir a las políticas que se impulsan a escala global y que buscan acabar con la comercialización de la hoja de coca, que es usada en dichas regiones para producir alimentos y medicinas.

Cada año, los cultivadores obtienen de tres a cuatro cosechas, que venden en mercados locales y a empresas que pertenecen al propio Estado, donde se les paga la arroba de coca (equivalente a 11.5 kilogramos) a muy bajo precio; por ejemplo, en Perú la arroba de coca es pagada en 60 u 80 nuevos soles, que representan 17 o 18 dólares.

En el marco de la Sexta Conferencia Latinoamericana y Primera Conferencia Caribeña sobre Políticas de Drogas que organizó Confedrogas, los representantes y voceros que están integrados a los gremios en defensa de la hoja de coca de Perú y Colombia relataron a Milenio cómo viven ellos, desde otro ámbito, la guerra contra las drogas.

Abusos y atropellos

Amapola Durán Salas, de la Confederación Nacional de los Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp), que agrupa a los 18 Departamentos Productores de ese país, dijo que los campesinos e indígenas luchan en su nación por la “formalización” de los pequeños cultivadores, quienes hoy sufren “abusos y atropellos”.


“Subsistimos de este cultivo (de la hoja de coca) porque no tenemos otras alternativas que puedan sustituir las necesidades básicas de las (al menos 50 mil) familias campesinas.

“Los primeros enemigos en nuestro camino son nuestros gobiernos, porque en realidad lejos de acceder a nuestras propuestas y reclamos, ellos vienen con represión. Al Estado le conviene la informalidad de todos los productores cocaleros”, aseveró.

La dirigente explicó que han planteado al gobierno industrializar la hoja de coca, “porque creemos y sabemos que la hoja de coca es alimento, es medicina… es del conocimiento que no puede ser superada por ninguna planta en sus calorías que aporta, en calcio, en sus bondades de nutrición y medicina”.

Sin embargo, añadió que no existe la voluntad de las autoridades. “Sabemos que nuestros gobiernos son los principales aliados del narcotráfico, entonces de la guerra sucia ellos pueden hacer grandes negocios en nombre de los pequeños productores”, aseveró.

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Ahora el objetivo de las autoridades peruanas es prohibir el cultivo de la hoja, pero “es nuestra identidad nacional, nuestra cultura y jamás vamos a permitir que desaparezca por obedecer a intereses transnacionales”, advirtió.

La hoja de coca, añadió Durán Salas, también la venden a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) que es un ente del Estado.

En su página web, Enaco informa que fue creada en 1949, como la única empresa peruana autorizada para la comercialización de la hoja de coca y sus derivados; a partir de 1982, Enaco se convirtió en una compañía de derecho privado en la modalidad de sociedad anónima; produce y comercia los productos Delisse (mate de coca y mixturas).

“Lamentablemente esta empresa también explota a los productores, nos compra con precios muy bajos que no compensan nuestras necesidades”, aseguró Duran.

Entonces, los cultivadores prefieren vender la hoja para el consumo tradicional, lo que les deja un poco más de ganancia. Por eso, enfatizó Amapola, “se libra una lucha entre el Estado y los pequeños productores”.

Erradicación forzada

José Herney Ruiz, campesino de la Región del Cauca e integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), comentó que ellos iniciaron una campaña para denunciar las violaciones que se cometen contra los cultivadores y raspachines (recolectores)  y con los campesinos que viven en el Macizo (zona montañosa de los Departamentos del Cauca y Nariño).

“Se sigue con la erradicación forzada, o sea, no se consulta a las comunidades para eliminar el cultivo de coca, se aplica la erradicación a través del Ejército. Es ahí donde los campesinos nos hemos movilizado y no permitimos que se erradiquen los cultivos hasta que no se sienten a hablar con nosotros”, apuntó.

Para ello han creado “mesas de desarrollo alternativo”, espacios comunitarios donde se invita al gobierno, a través de las alcaldías, de la gobernación y el estamento nacional (estrato de una sociedad), para que intercambien opiniones.

“Solo llega el alcalde y la representación de la gobernación, y ellos dicen que esto obedece a una política nacional e internacional”, contó Herney.

Solo en el Cauca, existen, además de CIMA, el Consejo Regional Indígena del Cauca, Marcha Patriótica, la Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz y Movimiento Campesino de Cajibío, entre otros, que se han sumado a la lucha.

Herney indicó que 80 por ciento de los campesinos de la Región del Cauca dependen de la economía de la hoja de coca. Una arroba de coca seca vale entre 26 mil y 35 mil pesos colombianos (de nueve a 12 dólares aproximadamente), precisó.

“Es un precio de miseria el que recibe, porque no cumple con las necesidades básicas de la comunidad y cada día lo lleva a un abandono, a un atraso, a una persecución y a una pobreza absoluta”, reprochó.

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