Agencias
EU/MÉXICO.- Grandes ciudades de Estados Unidos se han lanzado a proteger sus santuarios para indocumentados ante la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo, Donald Trump, a pesar de la posibilidad de perder millonarios fondos federales.

Los gobiernos locales de Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Nueva York, Seattle (Washington), Portland (Oregon), Providence (Rhode Island) y la capital del país, Washington DC, fueron los primeros que se pronunciaron para defender a los indocumentados, que temen deportaciones masivas e injustas.

“Los valores, leyes y políticas de Washington no cambiaron el día de las elecciones. Celebramos nuestra diversidad y respetamos a todos los residentes de DC sin importar su estatus migratorio”, aseguró ayer la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, al defender estas zonas de protección de indocumentados.

Trump basó su campaña en una fuerte retórica migratoria que incluye deportaciones masivas, la construcción de un muro en la frontera con México y amenazas de recortes federales a las llamadas ciudades santuarios, si persisten en estas políticas.

El magnate inmobiliario señaló durante la campaña electoral que retirará los fondos federales a las ciudades y los condados de todo el país que no persigan activamente a los inmigrantes indocumentados y no los entreguen a las autoridades federales de inmigración.

“Nosotros no vamos a sacrificar a ninguna de nuestra gente”, aseguró Jorge Elorza, alcalde de Providence, al señalar que buscan evitar deportaciones “injustas” de inmigrantes que hayan cometido “leves infracciones civiles”.

“Si alguien está violando la ley, eso es otra cosa”, expresó Elorza al Providence Journal.

Trump aseguró el domingo que la prioridad es la deportación de indocumentados criminales y que en principio repatriará de inmediato a “dos o tres millones”, pese a que estimaciones del Migration Policy Institute sitúan el número de indocumentados con antecedentes en poco más de 800 mil.

Grupos proinmigrantes nacionales temen que algunos indocumentados puedan enfrentar deportaciones por infracciones de tránsito o por haber regresado al país tras una deportación, y señalaron que desmantelar las ciudades santuario es un retroceso en la confianza entre los indocumentados y las policías locales.

La alcaldesa de Washington dijo que las ciudades santuario contribuyen a que los vecindarios sean más seguros y a que los residentes “no tengan miedo de pedir ayuda a nuestra alcaldía”.

Las ciudades santuario son lugares que resultan más favorables para la reinserción de inmigrantes y donde consiguen más apoyo de la comunidad.

Su nacimiento está atado a un movimiento de la década de los 80, en el momento que algunos sitios de Estados Unidos recibieron a nuevos habitantes que huían de la violencia y persecución en sus países de origen y que infructuosamente trataban de obtener protección estadounidense a través de la figura del asilo político.

En los últimos cinco años, unas 320 jurisdicciones, entre ellas los estados de California y Connecticut, aprobaron leyes que impiden a las policías locales participar en actividades federales de inmigración que son “voluntarias”.

De ellas, las más polémicas son las “órdenes de detención” solicitadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que buscan mantener detenido a un indocumentado por más tiempo para dar una oportunidad de decidir su posible deportación.

Estas órdenes, que buscan una detención de indocumentados más allá de 48 horas, fueron consideradas inconstitucionales por carecer del visto bueno de un juez federal.

Ciudades santuario como Nueva York y Los Ángeles condicionan la retención de algún indocumentado a una orden de un juez federal de inmigración, no simplemente a la orden de ICE.

Estas ciudades se suman a estados del peso de Nueva York y California, cuyos mandatarios se han puesto también del lado de los indocumentados ante la amenaza de Trump.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, prometió tras el triunfo de Trump que no permitirán “al gobierno federal que ataca a inmigrantes a hacerlo en el estado”.

(Con información de EFE y Milenio)