Comienza en EU juicio para deportar a militar salvadoreño

EU quiere enviar al Salvador al ex ministro José Guillermo García Merino, de 79 años, acusado de tortura y ejecuciones en su país entre 1979 y 1983.

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De acuerdo con el DHS, la deportación del ex ministro salvadoreño tiene como fundamento que participó ordenando, incitando y asistiendo o participando en torturas y ejecuciones. (dhs.gov)
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Agencias
MIAMI, Florida.- El juicio de deportación de un ex ministro de Defensa que participó en masacres y violaciones a los derechos humanos en los años 80 en El Salvador, comenzó a ventilarse el lunes ante un juez de inmigración de Miami que deberá determinar si acepta o no el pedido de repatriación de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Interna del gobierno estadounidense busca la deportación del ex ministro salvadoreño José Guillermo García Merino, de 79 años, por involucramiento en torturas y ejecuciones cometidas en su país entre 1979 y 1983.

Primeros reveses

En una de las primeras resoluciones durante el proceso judicial, el juez Michael Horn falló que el proceso será abierto, un revés para la defensa del militar salvadoreño, que había solicitado que el juicio se realizara a puertas cerradas, para evitar la presencia de la prensa.

"El pedido ha sido denegado", expresó el magistrado refiriéndose a la moción que había presentado la abogada defensora de García, Alina Cruz, para que se impidiera el acceso de la prensa a las audiencias.

Horn denegó también el pedido de Cruz para que no permitiera el testimonio de seis personas, entre ellas Robert White -quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en El Salvador en los años 80- y el de Juan Romagosa Arce -superviviente de torturas a manos de la Guardia Nacional- ambos incluidos en la lista de testigos del gobierno. Ambos ofrecerán su testimonio el martes, de acuerdo con lo planeado por el magistrado. El tercer testigo del gobierno es la profesora de ciencias políticas de la Universidad de Stanford Terry Karl, que también evitaba la defensa de García.

"La moción para excluir testigos ha sido denegada", dijo el juez tras haber analizado en detalle la lista de seis testigos cuyas declaraciones quería impedir la defensa de García Merino. Al anunciar su decisión, dijo que la defensa también tendrá oportunidad de interrogar a los testigos.

García llegó a la corte de inmigración del centro de Miami vestido de traje azul, camisa blanca y corbata con un crucifijo bordado. Acompañado por dos mujeres, ingresó a la sala de audiencia con una carpeta debajo de uno de sus brazos y cargando una valija con ruedas con su otra mano. Lucía tranquilo.

El juicio podría extenderse hasta el viernes, aunque el juez podría demorar aún más tiempo hasta revelar su fallo. La defensa del militar retirado tiene el derecho de apelar la decisión del magistrado, por lo que es muy posible que la deportación no se defina en los próximos días.

Sentado junto a Cruz y otra abogada, García llevaba auriculares en sus oídos para escuchar la audiencia. En el otro lado de la sala, también frente al juez, se encontraban los abogados del gobierno: Loren Coy y Gina Garret Jackson.

Después que el juez reveló que denegaba los pedidos de Cruz, García se retiró de la sala de audiencias con autorización de Horn. Su abogada le había pedido al magistrado que considerara su estado de salud, y hablaron del tema en privado.

No trascendió cuál es la condición de salud del ex ministro salvadoreño, que sólo habló para identificarse con su nombre completo.

Demandado por sobrevivientes

El ex ministro de Defensa de El Salvador (1979-1983) fue uno de los acusados en una demanda civil en Estados Unidos que terminó en el 2002 con una sentencia millonaria a favor de tres supervivientes de torturas: Juan Romagosa, Neris González y Carlos Mauricio. El otro acusado era el también ex ministro de Defensa salvadoreño, el general retirado Carlos Eugenio Vides Casanova.

En el 2002, un juez de West Palm Beach, en la región sur-centro de la Florida, condenó a García y Vides Casanova a pagar 54.6 millones de dólares por su participación en torturas, y tras una apelación de los acusados, una corte mantuvo el veredicto del juez y Vides Casanova debió ceder 300,000 dólares de sus activos.

El proceso de deportación fue iniciado por el Departamento de Seguridad Interna y tiene como fundamento la participación del ex ministro ordenando, incitando y asistiendo o participando en torturas y ejecuciones. Esta provisión legal sólo ha sido aplicada anteriormente en una ocasión, durante el proceso de deportación contra Vides Casanova, quien apeló la sentencia de un juez de inmigración que ordenó su deportación en octubre del 2011 y aún espera la decisión de una corte.

Al igual que otros militares salvadoreños que se refugiaron en Estados Unidos en busca de tranquilidad, García no puede ser juzgado en su país debido a una ley de amnistía aprobada en 1993 y que benefició a todos los militares que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la guerra (1980-1992).

Mauricio, uno de los tres supervivientes que ganaron la demanda civil, acudió al inicio del juicio y señaló que la deportación de García "es importante porque la ley de amnistía eventualmente va a desaparecer".

"El enjuiciamiento (en El Salvador) ya está encaminado, cuando levanten la amnistía, al día siguiente lo podemos enjuiciar", expresó a The Associated Press Mauricio, un ingeniero agrónomo que fue secuestrado mientras daba clases en la universidad en 1983 y torturado con electro-shocks en la sede de la Policía Nacional de su país. "Hay gente esperándolo para recordarle que fue una persona muy mala", aseguró.

Mauricio, quien permaneció secuestrado por más de tres semanas, dos de ellas en cámaras de torturas, dijo que con la deportación de García, Estados Unidos también estaría enviando un mensaje a los "perpetradores extranjeros" para que sepan que no pueden buscar refugio en este territorio.

Masacres y crímenes sin resolver

Como ministro de Defensa, García era responsable de las fuerzas armadas y de las de seguridad conformadas por tres cuerpos policiales. Grupos defensores de los derechos humanos culpan a García por masacres, secuestros y desapariciones ocurridas durante la guerra.

"Este señor tiene una responsabilidad bastante clara con relación al tema de torturas, casos de desaparecidos y asesinatos, por lo que no dudamos de su responsabilidad", manifestó a la AP Miguel Montenegro, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, que durante la guerra tuvo un destacado papel de denuncia y apoyo a las víctimas.

Montenegro expresó su satisfacción de que García y otros militares salvadoreños sean juzgados en tribunales internacionales por los delitos que cometieron durante la guerra, "ya que en nuestro país lamentablemente el sistema de justicia aún protege a los violadores de los derechos humanos".

En una operación de las fuerzas especiales salvadoreñas entrenadas por Estados Unidos en 1981, los soldados entraron en una zona del departamento oriental de Morazán en busca de unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional pero mataron a un millar de civiles, en su mayoría mujeres y niños, que se encontraban en el lugar.

En mayo de 1980, los militares asesinaron a más de 300 personas en el Río Sumpul, en la frontera con Honduras.

En diciembre de ese mismo año, mientras García era ministro de Defensa, guardias nacionales asesinaron a tres monjas y una misionera laica; y en marzo de 1980 un francotirador asesinó de un disparo al corazón al arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Nadie ha sido juzgado por ese magnicidio.

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