Agencias
MADRID, España.- Agentes de la Guardia Civil española decomisaron más de 150 mil kilos de gases R-22, utilizado por buques pesqueros, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea (UE) por ser perjudiciales para la capa de ozono.

El ministerio español del Interior dio a conocer este sábado que en el marco de la operación "Refresco", desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Zaragoza, fueron puestos a disposición judicial 97 personas por el comercio ilegal de este gas, informa Notimex.

Además, se procedió al registro de 16 sedes y almacenes de diversas empresas, así como a la inspección y reconocimiento de siete buques de distintas nacionalidades.

Este dispositivo ha sido desarrollado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), bajo la dirección de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo.

También colaboraron el Servicio de Inspección y Control de Aduanas, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y diferentes Unidades de la Guardia Civil con más de 60 agentes.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando se tuvo conocimiento de que varias empresas realizaban operaciones comerciales con R-22, ya que dicho gas tiene la capacidad de generar frío en barcos pesqueros para congelar en alta mar el producto de la pesca.

Negocios turbios

En la Unión Europea sólo está permitido el uso del gas R-22 regenerado, si bien los buques de los estados no firmantes del protocolo de Montreal pueden disponer de este gas sin regenerar, costando 20 euros (26.32 dólares) más barato que el regenerado.

Por ello, las empresas autorizadas por la Comisión Europea tienen la opción de vender a dichos buques (con bandera de países no firmantes del Tratado de Montreal) el gas R-22 sin regenerar.

Sin embargo, en el transcurso de estas investigaciones se comprobó que determinadas actividades se ejercían por intermediarios subcontratados sin la habilitación requerida para ello.

De esta forma, grandes cantidades de este producto se desviaban a otros barcos no autorizados para su uso y en algunos casos se utilizaba incluso en instalaciones terrestres, incurriendo en los delitos de Contrabando y Contra el Medio Ambiente.

Gracias a la adquisición y el uso de este gas a un bajo precio por parte de algunas empresas, se obtenían grandes beneficios y se impedía de esta forma competir en igualdad de condiciones con empresas que actuaban dentro de la legalidad.

La concesión de las autorizaciones para llevar a cabo esta actividad está muy restringida y son controladas directamente por la Comisión Europea, quedando limitada la gestión empresarial exclusivamente a aquellas entidades que cuentan con el permiso correspondiente.