Agencias
SAN SALVADOR, El Salvador.- La Asamblea Legislativa salvadoreña reformó el código penal y una serie de leyes y aprobó castigar con hasta 15 años de prisión a quienes pacten, ofrezcan beneficios o sean intermediarios de las pandillas.

Las reformas, que fueron aprobadas la noche del jueves con la mayoría de los votos de los diputados de todos los partidos, buscan fortalecer las medidas extraordinarias de seguridad pública que implementó el gobierno en su esfuerzo por golpear y desarticular las estructuras criminales a las que las autoridades responsabilizan de la escalada de violencia que azota al país.

Las leyes reformadas establecen que se castigará con penas de prisión de tres a 15 años a quienes ayuden, lucren, pacten acuerdos de no persecución criminal, ofrezcan beneficios o sirvan de intermediarios de las pandillas.

El exguerrillero Raúl Mijango dijo a The Associated Press que "lo que se está haciendo es quemar todos los barcos que pueden de alguna manera permitir encontrar otro tipo de soluciones a este problema (de la violencia), hacen una apuesta total al tema de la represión y eso históricamente ha probado que no resuelve este problema".

Mijango, que es investigado por la fiscalía por su accionar en la tregua de 2012 entre las principales pandillas para bajar los homicidios, afirmó que "yo siento que lo que se está haciendo es criminalizar la acción civilizada del diálogo como instrumento pacífico para encontrar soluciones a los conflictos".

En marzo de 2012 las pandillas acordaron una tregua y los homicidios se redujeron a cinco por día, pero desde que la tregua se rompió en septiembre de 2013 los asesinatos aumentaron hasta más de 25 al día. La tregua se alcanzó con la mediación de Mijango y del obispo militar y policial, monseñor Fabio Colindres.

El gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014), nunca aceptó haber negociado, pero reconoció que había actuado como facilitador del acuerdo entre pandillas y dijo que no les prometió nada.

En lo que va del año las pandillas han buscado sentarse a dialogar, pero el presidente Salvador Sánchez Cerén les advirtió que cumpliría con aplicar la ley, y también decretó estado de emergencia en siete cárceles del país donde tienen totalmente aislados a los cabecillas de las pandillas y desplegó un batallón de mil soldados y policías de las fuerzas elites para buscar y desmantelar a estos grupos.

Los legisladores también aprobaron penas de prisión a quienes mediante la violencia impidan la libre circulación de las personas por determinados territorios, o les obliguen dejar sus hogares como hacen las pandillas.

Las pandillas establecidas en populosos barrios y comunidades en El Salvador están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos. Más de 13 mil están presos.