El triste destino del yerno favorito del Rey

Una sentencia de cárcel acaba con el matrimonio 'perfecto' de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.

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Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín se casaron en Barcelona en 1997. El matrimonio fue todo un acontecimiento social para la realeza y la alta sociedad española. (casareal.es)
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Agencias
MADRID, España.- Iñaki Urdangarín pasó de ser considerado el yerno ideal del rey Juan Carlos a convertirse en el primer familiar de un monarca en España condenado a prisión. El viernes fue condenado a poco más de seis años de cárcel por el caso Noós, del cual la infanta Cristina salió bien librada.

Urdangarín no aceptó el papel de mero duque consorte de la infanta y se lanzó a hacer sus propios negocios sin ocultar nunca su gusto por el lujo. 

La voz de alarma saltó cuando la pareja compró en 2004 una mansión en Barcelona por cerca de 6 millones de euros para instalarse allí con sus cuatro hijos. Ese año, según se supo después, fue cuando Urdangarín puso en marcha la trama que le permitió a él y a su socio obtener de forma irregular 6.2 millones de euros, publica Ansa Latina.

Urdangarín, de 49 años, fue jugador de balonmano del Barcelona durante 14 temporadas (entre 1986 y 2000) y también jugó en la selección española, con la que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde conoció a la infanta, dos años mayor que él.

En 1997 se celebró la boda por todo lo alto en Barcelona entre la infanta Cristina y el atractivo jugador de balonmano, el "yerno ideal" frente al menos agraciado Jaime de Marichalar, que dos años antes se había casado con la hermana mayor de Cristina, la infanta Elena. El rey Juan Carlos concedió a los recién casados el título de duques de Palma.

Tres años después Urdangarín fue obligado por el Rey a dejar de jugar al balonmano y el esposo de la infanta decidió entonces hacer un master en Barcelona de administración de empresas. 

Inicio del caos

Tras un paso fugaz como vicepresidente del Comité olímpico español (COE) Urdangarín fundó con Diego Torres, uno de sus profesores en el master el Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, a través de la cual firmaron contratos de eventos deportivos y de ocio con las administraciones regionales aprovechando la notoriedad del Duque de Palma.

Las investigaciones por corrupción que por entonces se habían abierto contra el gobierno del Partido Popular (PP) de las islas Baleares llevaron al partido socialista (PSOE) local a levantar la voz de sospecha sobre un contrato por 1.2 millones de euros que había firmado con el Instituto Nóos. 

La alarma llegó a Zarzuela, donde el rey Juan Carlos pidió primero que dejara su cargo en la empresa y después se le encontró un trabajo en Telefónica.

Tres años después el Rey pidió a la pareja que se fueran a vivir fuera de España y los duques de Palma se instalaron en Washington, desde donde Urdangarín trabajaba para Telefónica. La mansión de Barcelona, conocida como el Palacete de Pedralbes, se quedaba vacía solo dos años después de haberla comprado. La denuncia del diputado socialista llevó al juez José Castro a investigar a Urdangarín, cuya sede del Instituto Nóos en Barcelona fue registrada en 2011.

Lejos de la vista

Al abrirse la investigación, el Rey apartó de las actividades oficiales de la familia real primero a Urdangarín y después a la infanta, que siempre defendió la inocencia de su esposo y se enemistó por ello con su padre, su hermano y la reina Letizia.

La infanta intentó volver a residir en Barcelona, pero se rindió ante la presión mediática y trasladó su residencia y la de su familia a Ginebra (Suiza), donde residen actualmente. 

Salpicado por el caso de corrupción de su yerno y su hija, y fuertemente criticado por una cacería en Botswana en medio de la crisis económica que sufría el país, el rey Juan Carlos abdicó en 2014.

Poco después de acceder al trono, Felipe VI revocó a su hermana el título de duquesa de Palma, mientras que a los duques les quitaron calles a su nombre en esta ciudad. 

Tras meses de juicio, el ex Duque de Palma fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión, mientras que la hija de los Reyes eméritos deberá pagar una multa de 265 mil 088 euros.

La absolución de la Infanta supone otro golpe al prestigio de la Corona de España, que en lo que va del reinado de Felipe VI ha tenido pocos escándalos.

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