Agencias
WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a indemnizar con un millón de dólares a los hijos del inmigrante mexicano Anastasio Hernández, quien murió en 2010 tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos en California, informa el sitio web de Milenio, que cita como fuebnte a EFE.

Según la información, el acuerdo debe ser aprobado por un juez federal, y establece que la indemnización será dividida entre los cinco hijos de Hernández, y cerca del 25 por ciento se destinaría para cubrir los gastos de representación legal, indica la solicitud presentada ante la corte del distrito sur de California.

"Estados Unidos aceptó pagar la cantidad entera y está listo y dispuesto a pagar sujeto a la aprobación de esta petición", detalla el documento, firmado por el grupo legal que representa a los deudos.

Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó reingresar a Estados Unidos sin documentos. Horas más tarde fue trasladado a la antigua zona de deportaciones cercana a la garita de San Ysidro en donde se registró un altercado que fue captado por dos testigos quienes grabaron un video con sus teléfonos celulares.

De acuerdo a la demanda, el suceso se inició supuestamente porque el mexicano no acató la orden de poner las manos sobre la cabeza.

En respuesta, agentes fronterizos arrojaron a Hernández al suelo, donde fue esposado y recibió una serie de golpes y descargas eléctricas que ocasionaron su muerte unos días más tarde.

La antigua zona de deportaciones, sobre lo que en aquel entonces era Puerta México, se encontraba a la vista de miles de peatones que ingresan diariamente a la ciudad fronteriza de Tijuana.

En uno de los videos se escucha cómo Hernández pide ayuda en más de una ocasión, mientras que testigos pedían a los oficiales que detuvieran los golpes.

En noviembre de 2015, el Departamento de Justicia optó por no presentar cargos criminales a 12 agentes federales, incluidos supervisores, al determinar que no había evidencia suficiente para comprobar que actuaron con malicia.

El cierre de la investigación federal derivó en que en marzo de 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares del indocumentado enviaran el caso para análisis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un proceso que continúa pendiente.

Este caso impulsó a que organismos civiles demandaran que agentes fronterizos porten cámaras en sus uniformes para evitar uso excesivo de fuerza.

Abogados de los agentes involucrados presentaron una apelación ante el Noveno Circuito, aunque finalmente se llegó a un acuerdo para poner fin a la demanda civil por homicidio culposo y uso excesivo de fuerza interpuesta hace siete años.

Se citó a una nueva audiencia a principios de marzo en la corte federal de San Diego, en la cual, se podría aprobar la resolución.