Agencias
RÍO DE JANEIRO.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrenta la que podría ser su última semana en el cargo, amenazada de perder el poder a partir del próximo miércoles, si el plenario del Senado aprueba abrir un juicio político en su contra.

Iniciado en diciembre, el proceso de juicio político se acerca a su fecha clave en el Senado, tras lograr el 17 de abril el respaldo de más de dos tercios de la Cámara Baja, informa Notimex.

Con toda probabilidad, una comisión especial de 21 senadores votará el viernes a favor de enviar al plenario del Senado la votación sobre la apertura del “impeachment”, donde se necesita una mayoría simple de 81 parlamentares para iniciar el juicio político y, de esta forma, apartar a Rousseff por 180 días de la presidencia.

Las encuestas de los principales diarios brasileños, así como analistas independientes y políticos de la oposición y del propio Partido de los Trabajadores (PT) dan por hecho que Rousseff será apartada, al menos durante el tiempo en que es juzgada por el Senado.

“Hoy hay un proceso de impeachment contra el cual lucho y lucharé en todas las instancias y con todos los instrumentos posibles, porque tengo la tranquilidad de no haber cometido crimen de responsabilidad”, dijo este miércoles la presidenta, en una referencia a que tratará de recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF) para salvar su mandato.

El discurso de que hay un “golpe” orquestado por la oposición, por el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y por el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, para lograr el poder sin pasar por las urnas no ha sensibilizado a un Legislativo en el que Rousseff carece de apoyo desde que fue reelecta en 2014.

Trasfondo político

La decreciente popularidad de Rousseff –cercana al 10 por ciento-, las seis manifestaciones nacionales contra ella desde su reelección y los escándalos de corrupción que amenazan a sus más estrechos colaboradores, entre ellos el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, han servido de viento de cola para que la presidenta perdiera apoyos en todos los frentes y el proceso contra ella avanzara con rapidez.

El pedido de “impeachment” que podría costarle el cargo tiene, sin embargo, poco que ver con todo ello: la presidenta está acusada de incumplir la ley en el manejo de las cuentas públicas de 2014 y 2015, un crimen de responsabilidad punible con su destitución, según la Constitución brasileña, pero que tiene un profundo trasfondo político.

No pesan contra ella cargos por corrupción, a pesar de que ella dirigió el consejo de administración de la estatal Petrobras durante buen parte de los escándalos revelados por la Operación Lava Jato.

Pero la víspera el fiscal general pidió autorización al Supremo para investigarla por intento de obstrucción a las investigaciones de la Operación Lava Jato cuando nombró a Lula ministro de la Casa Civil.

Una maniobra que tuvo el supuesto objetivo de otorgarle fuero privilegiado, según el fiscal, aunque Rousseff y su Gobierno lo negaron.

Presidente a la espera

Si Rousseff es apartada del poder la próxima semana, el vicepresidente Michel Temer, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del PT, asumirá la jefatura del Estado.

Calificado por la prensa como “futuro presidente” o “presidente a la espera”, este abogado constitucionalista de 75 años se mantuvo durante semanas apartado de los focos, pero ahora ya evoca públicamente cuáles serán sus prioridades si asume el poder hasta 2018 y trabaja desde hace semanas en la composición de su eventual gobierno.

Temer y sus colaboradores quieren la reactivación de una economía en recesión, la contención del aumento de la deuda y la creación de una base parlamentaria para tratar de aprobar reformas estructurales.