Maduro se queda: Muere el referéndum en Venezuela

La crisis política y económica del país se agudizan con la decisión de la autoridad electoral.

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Ahora son más lejanas las posibilidades de que un referéndum aparte a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, ya que la autoridad electoral suspendió la recoja de firmas. (EFE)
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Agencias
CARACAS, Venezuela.- La posibilidad de convocar este año un referendo revocatorio para sortear la crisis política, social y económica que agobia a los venezolanos quedó virtualmente herida de muerte el jueves luego que una serie de medidas judiciales desembocaron en la suspensión de ese proceso que busca recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

La suspensión también parece cerrar la puerta a una solución electoral a los problemas de Venezuela, lo cual genera temores de que pueda alentar la violencia en este país amargamente dividido por motivos políticos, informa The Associated Press.

Las autoridades electorales de Venezuela suspendieron el jueves la recolección de firmas prevista para finales de octubre que activaría un referendo encaminado a recortar el mandato de Maduro, tras acatar una serie de medidas cautelares dictadas por varios tribunales locales que anularon una recolecta anterior.

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"Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20 % de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos", informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado divulgado el jueves en la noche.

"El Poder Electoral informa al país que ha sido notificado, por tribunales de la República, de medidas precautelativas que ordenan posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección de 1% de manifestaciones de voluntad que se requirieron para validar la mediación de la organización con fines políticos MUD" (la Mesa de la Unidad Democrática), que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, acotó el escrito.

Escenario peligroso

El líder opositor Henrique Capriles, uno de los principales impulsores del referendo, criticó de inmediato la suspensión al calificarla de "inconstitucional", y destacó que se produjo poco después que Maduro se fue de Venezuela en una gira por varios países del Medio Oriente.

"Alertamos al Cuerpo diplomático en nuestro país de que el Gobierno hoy empuja a un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis", dijo Capriles, gobernador del estado central de Miranda y excandidato presidencial, a través de su cuenta en Twitter, al tiempo que expresó su "plena seguridad" en que el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional actuarán en defensa de los derechos constitucionales.

La suspensión conmocionó a muchos venezolanos que se preparaban para acudir a firmar la próxima semana con la esperanza de revocar al mandatario socialista, cuya impopularidad va en aumento. Para activar el referendo, los adversarios necesitan recolectar y validar cerca de 4 millones de firmas, el equivalente del 20% del padrón electoral.

La convocatoria de la consulta ya era una carrera contrarreloj, que no admitía más retrasos, ya que de no realizarse el referendo antes del 10 de enero de 2017 -cuando Maduro completará más de la mitad de su período presidencial de seis años, aunque se cumpla la meta de apartarlo del cargo después-, el resto del período deberá ser completado por el vicepresidente, según establece la constitución.

De acuerdo con el CNE, las medidas "fueron decididas tras la admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral".

El gobernador oficialista del estado de Aragua, Tareck El Aissami, recibió las medidas con agrado y afirmó que "lo dijimos y lo ratificamos, el fraude de la MUD no iba a quedar impune".

Maniobra judicial

El oficialismo había sostenido repetidamente que el referendo no podría darse en 2016 ni en 2017, bajo el argumento de que la oposición cometió fraude en una primera recolección de firmas y que los tribunales debían dar respuesta a las demandas que se hicieron por esas supuestas irregularidades.

La autoridad electoral -que es vista como favorable al oficialismo- ya había aprobado en agosto la validación de más de 1 % de las firmas recolectadas en abril y que avalaban el referendo. Ese proceso de validación se realizó en cada uno de los 23 estados del país y el Distrito Capital.

El CNE anunció entonces que se capturaron los registros de 407 mil 622 electores, de los cuales 399 mil 412 coincidieron con la base de datos del organismo. Las firmas validadas representaron más del doble de la cifra requerida, con lo que se activó la segunda fase del proceso refrendario.

Los opositores habían acusado al gobierno de Maduro de maniobrar judicialmente para desalentar a la población a que acuda masivamente a la próxima recolección de firmas. También denunciaron que varias acciones judiciales podrían intentar paralizar el proceso.

Venezuela está sumida en una compleja crisis caracterizada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos. Los problemas han generado un creciente malestar entre los venezolanos.

El partido opositor Voluntad Popular acusó a las autoridades judiciales y electorales de actuar mancomunadamente con el gobierno para lograr la suspensión de la recolecta.

"Hoy los venezolanos y el mundo hemos sido testigos una vez más de la aberración y perversión de los sistemas judicial y electoral venezolano, cuando en clara complicidad cuatro (4) rectoras del CNE, cinco (5) jueces penales" y varios gobernadores oficialistas, que impulsaron las acciones judiciales, "se convirtieron en co-violadores de la Constitución al dictaminar que los ciudadanos... no pueden ejercer uno de los derechos más sagrados de los pueblos libres: el derecho al voto y con ello convalidan la suspensión del proceso de recolección" de firmas, indicó Voluntad Popular en un comunicado.

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La suspensión se dio dos días después que el Tribunal Supremo -cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas- falló que la oposición debía reunir las firmas de 20% de los votantes registrados en cada uno de los 24 estados a fin de obligar al referendo.

Según los opositores, esa decisión también buscaba complicar la nueva recolecta, particularmente en estados rurales dominados por el gobierno. Según la oposición, el 20% debe ser el porcentaje considerado de manera nacional y no estado por estado.

El CNE además había indicado que en caso de que la oposición lograra recolectar las rúbricas, el referendo no se celebraría antes del primer trimestre de 2017.

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