Exigen a Chiapas y Yucatán desmantelar red de trata en Mérida

Pedro Tzuc/Agencia Reforma
MÉRIDA, Yucatán.- Guillermo Alonzo Ángulo, coordinador de Investigación y Educación Popular Autogestiva AC (Iepaac) llamó a desmantelar las redes de trata de personas que indígenas chamulas han establecido en Yucatán para explotar a niños y mujeres que son empleados con mendigos y para vender artesanías.

Demandó que el problema de esas redes, que incluso tienen enfrentados a dos líderes chamulas con lazo familiar: Manuel y Sebastián Patistán, debe ser revisado por las autoridades de Yucatán y Chiapas.

"Lo preocupante del asunto es que, de ser eventual, se ha ido transformando poco a poco en un sistema mucho más organizado y consolidado, de niños y niñas, algunos adultos que vienen a realizar actividades en la capital yucateca", dijo el especialista.

El también representante de los Proyectos de Unicef-Yucatán precisó que el problema "ya no es una iniciativa personal sino más organizada".

"Lo que hemos visto es que cada vez hay más diversificación de trabajos, mujeres jóvenes que venden artesanías, bordados, niños venden golosinas y eventualmente se ven familias en donde se distribuyen el trabajo", dijo.

Alonso advirtió que el problema no sólo ha aumentado sino que hay alertas del sistema del DIF del sexenio pasado que dan cuenta de niños que vienen coordinados, traídos con ese propósito de vender, agregó.

Este lunes publicamos que el control de las redes de chiapanecos que se dedican a la venta ambulante en la capital yucateca tiene un componente de explotación.

Alonzo Angulo explicó que según estudios del desaparecido programa "Menor en Situación Especial", la migración de chiapanecos, principalmente, comenzó a ser relevante entre 1988 y 1989.

En cuanto al fenómeno actual, admitió que es muy complejo, porque la situación en Chiapas es grave y muchas de las personas que salen de ahí tienen necesidades apremiantes y tratan de sobrevivir.

"Sin embargo, algunos ven en ello la oportunidad de explotar y manejar a quienes de verdad lo necesitan", puntualizó.

"Esto tiene que ver con explotación y tráfico de personas, eso tiene una implicación legal, y las autoridades competentes tendrían que tomar medidas para frenar, detener esa práctica e investigar quiénes están detrás de ello", exigió.

Como alternativa para atender el caso, propuso una acción social conjunta de los gobiernos de Yucatán y Chiapas, que promueva opciones de retorno en "buenas condiciones" o la oportunidad de que permanezcan en Mérida y los menores tengan garantías para ir a la escuela.