En 1985, la ONU designó el primer lunes de octubre de cada año como el “Día Mundial del Hábitat”, que tiene como objetivo reflexionar sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico a tener una vivienda adecuada, factor fundamental para que el individuo se desarrolle de manera funcional en la sociedad; en esas premisas ahondaré en esta columna.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera en uno de sus párrafos que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”; en este mismo orden, la Ley de Vivienda le aporta muy poco a la satisfacción de la necesidad referida en este artículo constitucional -en cambio, otorga una abundante burocracia- y es esta la razón por la que la vivienda es uno de los mayores problemas de sociedad mexicana.

El sistema de mercado de vivienda, que ha prevalecido en los últimos años -lejos de la mano invisible de Adán Smith y próximo a la mano sucia de los de siempre- es dominado por los oferentes en detrimento de los demandantes, que el propio marco institucional procura. Se puede decir que es un ámbito configurado a modo para transferir recursos públicos y privados -pensados originalmente para resolver la carencia referida- hacia una elite protegida por el poder político y económico que provee muy poco como contraprestación.

La propuesta que adelantó el presidente de la república, el miércoles 23 de septiembre, durante su conferencia matutina, en el sentido de que los trabajadores derechohabientes del Infonavit y Fovissste puedan acceder a créditos de vivienda sin intermediarios, consideraría un impacto en el 6% del PIB nacional, más ahora, cuando es fundamental reactivar la economía a través de instrumentos de políticas públicas y gubernamentales que beneficien al mayor número posible de ciudadanos -para evitar la concentración y promover la circulación del dinero-; pero también, así parece, busca devolverle al protagonista su capacidad de decisión, en un mercado que por su naturaleza debería tender a ser de concurrencia perfecta.

En esta materia, los intereses -políticos, comerciantes de suelo y de materiales de construcción- atraviesan todos los niveles de gobierno y muchos sectores de la economía, y han creado una nata que evita la transparencia e induce a vincular la delincuencia con el tipo de vivienda; es precisamente esta circunstancia la que se usa para publicitar que: 1) los trabajadores derechohabientes no tienen la capacidad de decidir respecto a la vivienda que requieren; 2) harán mal uso del dinero destinado para su vivienda, y 3) que no están preparados para construir una vivienda digna.

En mi opinión, el hábitat es un problema complejo, que: a) debe ser resuelto por profesionales con un enfoque multidisciplinario; b) la decisión final la deben tomar quienes vivirán ahí; c) la oferta debe ser abundante y dispersa, y d) el suelo debe estar sujeto a las necesidades sociales y no a la especulación.