A los triunfantes revolucionarios no se les ocurrió demoler el Palacio de Bellas Artes o el palacio legislativo en gestación, transformado en Monumento a la Revolución. Y vaya que Porfirio Díaz era tan digno de desprecio y maldiciones.

Una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de nuestro estado permanece en la incubadora; ha nacido, pero deficiencias físicas le impiden abandonar el hospital. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación detectó los males y ordenó las operaciones para dejar saludable a la niña.

Esta Ley fue publicada en el Periódico Oficial el 14 de agosto de 2015, pero sus artículos deficientes y nocivos la mantienen fuera de circulación. La tarea corresponde a nuestra Legislatura, pero el proceso ha sido intoxicado por la Secretaría de Gobierno por carecer de plan estratégico y dar bandazos, con un torrente de ocurrencias y pasos en falso.

La Ley condenada a muerte –dan por hecho que será abrogada para partir de cero, en un proceso del nunca acabar – tuvo la desgracia de nacer en la recta final del gobierno de Roberto Borge, quien no fue el padre de esta ley impulsada por periodistas asesorados por expertos que arrastraron el lápiz, extrayendo lo más valioso de las leyes activas en otras entidades.

Los asesores de Roberto Borge incorporaron de última hora artículos que fueron enmendados por la Suprema Corte, pero la actual Legislatura aguarda instrucciones para intervenir, como ha ocurrido siempre.

Si la Ley es demolida, sin duda serán reinsertadas lentamente casi todas sus piezas porque coincide con otras leyes ya puestas a prueba. Pero la fobia contra Roberto Borge despoja de visión analítica a algunos colegas que combaten con hacha esta ley, pero sin tomarse un tiempo para recorrerla; el prejuicio se quiere imponer, marcando agenda.

Ayer escribí en mi Face: Si un universitario está a un paso de graduarse, pero tiene que ponerse al corriente con tres materias, ¿a quién diablos se le ocurre la insensatez de devolverlo a la primaria?

Ese es el tamaño del error que cometerían abrogando la ley de nombre kilométrico por atribuir su paternidad al odiado Beto Borge, quien nunca se tomó la molestia de revisar una línea de la iniciativa con sus indeseables alteraciones.