Redacción
CANCÚN, Q. Roo.- La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) envió el expediente del ejecutivo de Novedades Quintana Roo, quien sufrió una agresión por parte de elementos de la Policía Ministerial, la tarde del pasado martes, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en la Ciudad de México para que se inicie una investigación contra los funcionarios estatales.

La línea de la Carpeta de Investigación, FED/QR/CUN/0000358/2017, está enfocada en la agresión que sufrió el ejecutivo de esta casa editorial, luego de que salieran varias publicaciones sobre el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Pech Cen, sobre su participación en la fuga en 2005 del empresario libanés Jean Succar Kuri, sentenciado por corrupción de menores y en proceso por delitos del fuero común.

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La Feadle es la encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.

No habían transcurrido ni 24 horas de la segunda publicación en relación al fiscal, cuando cerca de las 14 horas del pasado martes, el ejecutivo de Novedades de Quintana Roo fue interceptado a la altura de la calle Pecari y avenida Tulum, por cuatro sujetos que se identificaron de voz como agentes ministeriales, se bajaron de un vehículo con vidrios polarizados que posteriormente se verificó en el Registro Público Vehicular (Repuve) que las placas, UTP-982B, eran del Gobierno del Estado.

“Usted sabe cómo están las cosas, ¿acaso no lee su periódico?”, fue lo que le dijo uno de los supuestos agentes de la Policía Ministerial, al momento de que insistentemente le jalaba su identificación colgada en el cuello, para ver su nombre, además de que le intentaban quitar su mochila, donde llevaba información reservada del rotativo.

Algunas de las funciones que tiene la Feadle es proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.