En el último año Bacalar y Mahahual rompieron récord con la creación de asentamientos irregulares: siete nuevas invasiones de predios se han registrado, acumulándose a las cinco ya existentes, cuando en años anteriores se reportaban hasta tres nuevas colonias de este tipo al año.

El titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Ageproo) reconoció que las autoridades enfrentan problemas para frenar la ocupación de superficies privadas y públicas.

La mayoría de estas nuevas invasiones son promovidas por grupos provenientes de Yucatán, quienes a través de las redes sociales están ofertando estos terrenos que llaman “de alta oportunidad”, con la promesa de aumentar su plusvalía gracias a su cercanía con el Tren Maya y las zonas costeras de la Laguna de los Siete Colores y la Costa Maya.

José Alberto Alonso Ovando, encargado de la Ageproo, puntualizó que estas invasiones tienen el único fin de obtener millonarios ingresos a través del fraude inmobiliario, pues han llegado a esos asentamientos no buscan hacerse de un patrimonio en la zona, sino sacar provecho de ella.

Bacalar y Mahahual: los municipios más invadidos del estado / (Foto: SIPSE)

Pero en otros sí se ha detectado que presentan una legítima necesidad de poseer una vivienda, por lo que se ha buscado su regularización.

“En algunos casos tenemos pláticas con los colonos para poder regularizar sus tierras, pero únicamente para aquellos terrenos que son propiedad del Gobierno estatal y tienen algunos años de haber sido habitados”, declaró.

Aunque no especificó de cuáles o cuántos de estos asentamientos entraron en etapa de regularización, con el objeto de no alentar más invasiones, sí señaló que se ubican en Mahahual, Bacalar y norte de Chetumal.

Para esto les fueron vendidas las tierras en precios que van desde los 160 hasta los 240 pesos el metro cuadrado, una cantidad muy por debajo de los 2 mil 400 pesos el metro cuadrado que tiene de valor una propiedad promedio en la región sur del Estado.

Acotó que la regularización es un proceso tardado que puede llevar incluso, hasta siete años, que es el tiempo máximo que se les ofrece a los colonos para cubrir los montos de compra.