Itzel Chan/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- De los cuatro países que comprenden el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), México es el único que no cuenta con leyes que prohíban la pesca del pez loro y miembros de asociaciones civiles ambientales trabajan para proponer una norma ambiental que proteja a esta especie que permite la recuperación de corales.

A pesar de que el pez loro no es una especie comercial, frecuentemente es capturado y vendido bajo este régimen, o bien, lo ofertan en restaurantes mientras los hacen pasar por otras especies comestibles, de acuerdo con María del Carmen García Rivas, directora del Área Natural Protegida (ANP) Banco Chinchorro.

Esta problemática contribuye a que la población de estos peces herbívoros disminuya y al ocasionar esta situación, los arrecifes están en riesgo, pues son los principales peces que se comen las algas que recubren a los corales.

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Guatemala, Honduras y Belice ya cuentan con lineamientos para proteger a esta especie marina y los corales muestran menor número de algas que les impiden recibir oxígeno.

En 2012 fueron monitoreados 63 sitios en el Caribe mexicano y Marisol Rueda Flores, miembro de la asociación Arrecifes Saludables, comentó que identificaron que la biomasa de peces loro en dos años pasó de ser regular a ser crítica, ya que en 2008 era de dos mil 515, pero en el 2010 la población bajó a 820 debido a la invasión del pez león, que se come todo tipo de especies marinas.

Aunque desde 2012 a la fecha ha sido posible notar el aumento de los peces loro, esto como consecuencia de las estrategias que se manejan para combatir al pez león en Áreas Naturales Protegidas (ANP), describió  Rueda Flores.

En ciertas áreas de la región del Caribe (por ejemplo en las Bermudas, en el Parque natural Exuma Cays, en las Bahamas, y más recientemente en Belice y Bonaire), incluyeron la prohibición de pesca de peces loro, lo que ha ayudado en el incremento de estos peces y consecuentemente a una mejora en la salud del arrecife.

Al contar los arrecifes con adecuada salud, aumenta su capacidad de recuperación frente al deterioro producido por los huracanes o efectos del cambio climático.