El gobernador Roberto Borge Angulo dijo que aunque la zona sur tiene algunas limitantes ambientales que impedirán construir el número de habitaciones hoteleras que ahí se planeaban originalmente, confia en que recibirán apoyo en recursos -principalmente- para infraestructura como el puente de la bahía Chetumal, que sería una obra de 22 kilómetros para conectar Bacalar con la capital del estado.

 

Este proyecto se encuentra en el plan de desarrollo estatal presentado por el actual gobernador al inicio de su gestión, en el 2011.

 

El otro proyecto para detonar la Gran Costa Maya es la ampliación del Aeropuerto de Chetumal, que durante el sexenio anterior no tuvo recursos, pero que con el comienzo de la administración priísta se espera el apoyo para poder ampliar la pista y recibir vuelos internacionales.

 

Borge Angulo dijo que también solicitarán capital para infraestructura urbana como el Malecón Majahual.

 

El proyecto original de la Gran Costa Maya, que comprende Majahual, Bacalar y Chetumal (capital del estado), incluía un campo de golf asociado a un desarrollo inmobiliario en línea costera y zona continental, preveía -además- un desarrollo hotelero de 15,000 cuartos, lagunas interiores y lagunas arrecifales, parques temáticos, canales de navegación ecoturísticos que conectarían a las lagunas interiores y áreas comerciales, de servicio y de entretenimiento en la línea de costa, todo ello previsto en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y en el Proyecto Turístico Integral (PTI) de Fonatur a finales de la década de los años 90.

 

Los estudios técnicos posteriores establecieron como inviables estos planes porque eran enormes las dimensiones de la reserva territorial disponible y existía una carente falta de infraestructura básica y de servicios en la zona, insuficientes para dar factibilidad financiera a la inversión, que tampoco alcanzaba para consolidar una masa crítica hotelera y de actividad económica capaz de detonar el desarrollo socioeconómico y turístico de la zona, según un informe de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a la Universidad de Quintana Roo, al que El Economista tuvo acceso.

 

El principal impedimento fue la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que incluyó al manglar en el listado de especies amenazadas, prohibiendo construir cualquier tipo de desarrollo en zonas donde hubiese esta planta.