La peregrinación por instancias federales jurisdiccionales de Juan Pablo Guillermo Molina nos muestra un panorama que hace un año creíamos poco probable: el régimen de Enrique Peña Nieto no tiene la menor intención de proteger a los funcionarios del periodo borgista. Es otro poder sí, ¡pero vamos…!

La detención del funcionario municipal de Mauricio Góngora Escalante, Felipe de Jesús Castillo Meseta, que se desempeñaba en aquel trienio como director de Egresos, fue ridiculizada en muchos espacios por tratarse de un “charalito” y no de un tiburón, como quisiera el pueblo.

Sin embargo, Juan Pablo Guillermo Molina está de nuevo a merced de la XV Legislatura, y ya casi sin recursos, para que se continúe con un juicio político en su contra, que hasta ahora ha estado en suspenso por una serie de chicanas. Como dijera don Vito Corleone en El padrino de Mario Puzo, aquél no es un charalito, sino todo un “pezzonovante”, expresión siciliana que se puede traducir muy libremente como “pez gordo”.

No es que no importe ante la ley y ante el criterio de los juzgadores el volumen o monto de lo saqueado, pero en un Estado de Derecho ninguna conducta depredadora del erario debe ser pasada por alto. Si así fuera, con el hecho de que Roberto Borge Angulo, el capo de tutti capi, esté preso en Panamá con medidas carcelarias reforzadas en espera de su extradición a México debiera exonerar a todos los demás infractores.

Cada vez nos preocupa menos que la justicia sea en los chivos expiatorios de mi compadre. Chiquitos y grandotes, por igual, están cayendo.

Como de otros temas hemos dicho en razón del recién cumplido primer año de Carlos Joaquín González al frente del gobierno de Quintana Roo, en tratándose de procuración y administración de justicia también deberán darse resultados cada vez más notorios, pues el plazo de gracia ya se venció. Por lo menos en estas materias que tienen que ver con la persecución de las corruptelas del pasado se notan avances.

 Homúnculos

Volvamos a la ruta judicial llena de vericuetos del ex secretario de Finanzas y Planeación, porque queremos hacer notar al lector un cambio en la impartición de justicia en el ámbito federal.

La demanda de juicio político fue interpuesta ante la XIV Legislatura por la abogada, activista por la transparencia y periodista que preside la asociación civil Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Miranda, pero aquel pleno de mayoría priista-borgista la desechó sin más. Ya dado el “cambio”, ella promovió un juicio de amparo mediante el cual el proceso volvió al Poder Legislativo, y en particular a la Comisión Instructora, integrada por Emiliano Ramos Hernández, Jesús Zetina Tejero y José Luis González Mendoza.

Juan Pablo Guillermo, empero, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo logrado por Somos Tus Ojos, que fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún a favor de Fabiola Cortés y su organización.

Por otra parte, Guillermo Molina promovió un amparo en contra de la XV Legislatura para evitar el juicio político, pero éste fue sobreseído por el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal apenas este 19 de septiembre, por lo que mientras el ex hombre fuerte del borgismo no presente un recurso de revisión que provoque una nueva suspensión el juicio político seguirá adelante, lo cual es fundamental para el afán justiciero del régimen joaquinista, pues por el presunto desvío de mil 464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje la XV Legislatura deberá dar vista al ministerio público del resultado, el cual podrá investigarlo y eventualmente consignarlo por este delito, amén de otros que le tenga guardados por ahí.

No. La justicia federal ya no parece dispuesta a regalar amparos a diestra y siniestra, como si salieran en las bolsas de papitas fritas. Por lo menos cariño o inclinación a su favor no tienen los borgistas, gongoristas y demás de parte de los jueces federales, y eso es condición sine qua non para que se haga la justicia prometida.