Carecen de facultades para sancionar comercios en Chetumal
La dirección de Protección Civil se ve impedida de aplicar las sanciones correspondientes a los negocios que incumplen con las medidas de seguridad.
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Juan Palma/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La dirección de Protección Civil del ayuntamiento de Othón P. Blanco, carece de facultades para supervisar, exhortar, sancionar o en su caso, sancionar a los establecimientos comerciales de la capital del estado. Sin embargo, una vez entrado en vigor las adecuaciones al reglamento interno de esa área en el transcurso del presente año, se podrá proceder en contra de aquellos negocios que incurran en la aplicación de las medidas de seguridad para mantener resguardado el inmueble y la integridad física de su personal en caso de registrarse algún siniestro.
De acuerdo con el director de Protección Civil del ayuntamiento capitalino, Juan Manuel Zamarripa Pérez, actualmente esta área carece de un marco jurídico dentro del mismo reglamento para aplicar sanciones.
Sin embargo, la adecuación e incorporación de estas nuevas normativas registran un avance de hasta un 80 por ciento. Una vez concluida será sometido a revisión por parte del área jurídica a fin de corroborar no haya alguna anomalía y posteriormente enviado al Poder Ejecutivo para su validación.
Una vez concluida etapa, se estima pueda entrar en vigor durante el transcurso de los primeros meses de este año.
Los establecimientos de entrada deben colocar en sitios visibles equipos de seguridad, instructivos de emergencia, tener despejados los pasillos, andadores y salida de emergencia, entre otros requerimientos.
De esta manera una vez público las modificaciones al documento, las sanciones que podrían aplicarse a quienes violenten las disposiciones establecidas en el reglamento de Protección Civil, van desde una amonestación con apercibimiento.
Además de una multa de 10 a mil días de salario mínimo vigente en el municipio, así como una sanción económica adicional por cada día que persista la infracción.
También podría ser un arresto administrativo hasta por 36 horas, el aseguramiento de bienes, clausura temporal o permanente, parcial y total, suspensión de obras, instalaciones o servicios y revocación de concesiones municipales.
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