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CANCÚN, Q. Roo.- Frente a la corrupción e impunidad prevalecientes en la pasada administración, que impidieron la eficaz y oportuna procuración e impartición de justicia, misma que derivó en multimillonarios despojos inmobiliarios mediante falsos juicios laborales, hoy a marchas forzadas se busca dignificar las dependencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, lo que derivará en una verdadera justicia laboral.

Así lo destacaron en entrevistas por separado Catalina Portillo Navarro, actual titular de la secretaría del ramo, y Julio Antonio Méndez Rodríguez, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen.

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Ambos también coincidieron en la necesidad de fincar responsabilidades penales para sus antecesores por las irregularidades que se están actualmente documentando, y que provocaron rezagos en los expedientes, así como en la denegación a las partes involucradas del debido proceso que conforme a la Ley Federal del Trabajo estaban obligados a respetar.

Por eso, ante las referidas afectaciones que la Junta de Conciliación y Arbitraje causó a empresarios de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, debido a la ola de despojos de propiedades millonarias que ha revelado una investigación de Novedades Quintana Roo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), trabaja en la dignificación de las dependencias con el claro objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía y del sector empresarial.

Catalina Portillo Navarro, titular de la STPS, mencionó que una de las primeras acciones a realizarse constituye la modernización de las juntas: local, especiales y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado.

Esto incluye la integración de una nueva cultura laboral a través de la creación del “pleno de las juntas”, donde participarán todos los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje ocho representantes de obreros y patrones que conforman las juntas. Este nuevo ente, que se instaló el pasado 14 de octubre, se encargó de la creación de un modelo único para la aplicación de citatorios y emplazamiento de todos los juicios. A mediados de noviembre también se generará el formato único para la notificación de demandas.

Además, todos los actuarios del estado tienen la instrucción de cerciorarse de que el domicilio sea el correcto, y asegurarse de que el demandado o el patrón viva en la dirección que se anexó en el expediente y tomar una fotografía del lugar donde acudieron a entregar la notificación de demanda. Esto para asegurarse que los patrones se enteren de las demandas presentadas en su contra y tengan la oportunidad de defenderse jurídicamente.

Convocatoria

Otro de los procesos que realizará la STPS es la integración y elección de representantes obreros y patronales que integran de manera tripartita las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la entidad, ya que ellos también firman todas las actuaciones legales de cada juicio laboral. La publicación de la convocatoria fue lanzada el 1 de octubre de 2016.

Estos nuevos representantes estarán en el cargo durante seis años,  tal y como lo establece la Ley Federal de Trabajo. Todos los sindicatos obreros, sindicalizados y cámaras empresariales tuvieron hasta el pasado 20 de octubre para presentar sus padrones y propuestas para que sean representados en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El próximo 5 de diciembre iniciará la convención para la elección de representantes obrero y patronal que se realizará en el salón Bella Vista en la ciudad de Chetumal. Los nuevos representantes de la Junta comenzarán funciones el 1 de enero de 2017 y finalizarán trabajos el 31 de diciembre de 2022.

Al respecto, Julio Antonio Méndez Rodríguez, presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen, agregó que “los actos de corrupción han sido el principal factor del rezago en las denuncias recibidas”.

Estimó además que existe un rezago de más del 35% en sus expedientes, incluso, con estancamientos de laudos desde el pasado 2001, por lo que han iniciado un proceso de revisión y evaluación del estatus de la totalidad de expedientes para poder contar con diagnóstico actualizado que retrate la realidad de los procesos en esta oficina.

Atrasar los procesos

“Se dice que se cobraba dinero para atrasar los procesos, había abogados bloqueados y se denegaba la justicia, no llegaba a trabajar el presidente. Tenemos laudos desde el 2001, expedientes del reserva de pruebas desde el 2005, 2010 y 2012. En gobiernos anteriores no se le puso atención para que la Junta funcionara como debe ser, sólo intereses del presidente en turno”, recalcó Méndez Rodríguez, quien tomó posesión de esta oficina el 20 de octubre pasado en lugar de Roberto Javier Ibarra Morales.

Señaló que la expectativa plantea que para finales del presente mes de noviembre se pueda contar con la cifra real del número de expedientes que se encuentran en proceso en la Junta y su estado real, además de señalar que se estarán fincando responsabilidades penales para sus antecesores, por las irregularidades que se estén documentando mediante el informe que se le entregará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

De acuerdo a la información preliminar que proporcionó, se reporta que el 90% de los casos denunciados, en la ahora oficina a su cargo, son por situaciones despidos injustificados, más casos de acosos laborales que en su mayoría no son resueltos por la desconfianza que se ha generado por malos manejos en esta dependencia.  

“Ha sido una bola de nieve inmensa que al menos ya está parada, platiqué con varios abogados y se buscará la conciliación de casos retrasados para citar a los trabajadores y empresas. Además, con el inventario terminado se conocerá el estado procesal para regularizar los expedientes y organizar una fecha inmediata de audiencias”, afirmó el funcionario.