Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Sin importar cargo o puesto de quien o quienes resulten culpables por las violaciones a sus derechos constitucionales, los arrendatarios de al menos una de mil 540 cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS), exigen a los tres Poderes de la Unión resolver conforme a derecho, sentar un precedente jurídico, judicializar e imputar sanciones al personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) que participó durante el aseguramiento y cateo del inmueble y la bóveda de seguridad, derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE000740/2017.

Lo anterior, tras haber tomado la decisión de levantar el plantón iniciado desde el pasado 28 de octubre, en las inmediaciones del local número 2, ubicado en Plaza Américas, ya que consideraron que cumplió con el objetivo de evitar que sus pertenencias y valores fueran trasladados a la capital del país, como parte de lo que fue calificado como “un procedimiento legal violatorio” a lo que establecen tanto la carta magna y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Ante esta situación exigen una disculpa pública tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como la Seido, sentar un precedente jurídico para que estos “hechos y violaciones” no ocurran de nuevo e imputar sanciones en contra de quienes resulten culpables, lo anterior mediante la intervención de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial respectivamente.

Sin fecha, firma o rúbrica, en comunicado de prensa los afectados argumentaron ser víctimas de robo durante el proceso de entrega de sus valores y documentación, en el sentido de que presuntamente hay faltantes en sus pertenencias, pero ninguno de ellos concluyó con el proceso de reclamo por temor y el tiempo que implica tratar con la dependencia, esto según a 25 días de que la Seido inició con la entrega del contenido de las quejas de seguridad, a 37 días de instalar el plantón y a 55 días de la clausura de la empresa FNS.

No obstante, los afectados calificaron de insultante que la dependencia federal presuntamente los “obligó a firmar de conformidad, con o sin faltantes y bajo coacción para su patrimonio fuera devuelto”, razón por la cual solicitan al Estado proteger sus datos personales conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), puesto que el proceso de entrega continúa y está sujeto a la documentación que solicita la Seido.