Pedro Olive/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Desde el surgimiento de Puerto Morelos como municipio en 2015, los habitantes pagan el Derecho de Alumbrado Público (DAP), un impuesto del 5% que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), heredado por el Ayuntamiento de Benito Juárez, pero de manera ilegal porque no fue aprobado ante el Cabildo, y posteriormente ratificado con una firma de convenio con la CFE al pasar de alcaldía a Ayuntamiento.

“Cuando un municipio se crea y desean incorporar el DAP, es necesario que se apruebe previamente en sesión de Cabildo, para luego realizar la firma de convenio, el caso de Puerto Morelos debemos de revisarlo porque hasta ahora no se ha firmado nada”, dijo Humberto Saldaña Rodríguez, gerente general División Distribución Peninsular de la CFE. 

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Hasta ahora los habitantes del nuevo Ayuntamiento desconocían del cobro que está fuera del marco legal, esto desde la creación de Puerto Morelos como municipio el pasado 29 de octubre de 2015; actualmente hay alrededor de ocho mil 500 contratos de luz, que dentro de sus pagos se incluye el DAP con valor de 5%, porcentaje del cual se desconoce el criterio con el que fue determinado.

El Ayuntamiento de Puerto Morelos, a través de la Dirección de Comunicación Social, dio a conocer que por el momento, Tesorería no puede hablar acerca del tema, que no ha sido aprobado en Cabildo.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello se corrobora con las jurisprudencias del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala, de números P.J. 6/88 y 2ª./J. 25/2004, cuyos rubros señalan, respectivamente: “ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN”.

Pese al pronunciamiento de la SCJN, en el estado se sigue cobrando de manera regular el DAP, desde la administración de Carlos Javier Cardín Pérez, presidente municipal de Benito Juárez de 1993 a 1995; en ese momento en el convenio que se firmó, se estipuló que la renovación estaría sujeta a la aprobación en Cabildo cada tres años, la última fue en la administración de Julián Ricalde Magaña (2011-2013).