Redacción
CANCÚN, Q. Roo.- Tras tres años de cobrar cuotas ilegales a una comerciante de alimentos y gracias a que dieron aviso a la hora en que acudió por el que sería su último pago, fue detenido un ex inspector de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), quien pedía cinco mil pesos mensuales por supuestos permisos para la venta de alimentos, los cuales en realidad cuestan 300 pesos, además de tarjetas de salud en mil 500 pesos.

Estas acciones forman parte del combate a la corrupción que emprendió el gobernador Carlos Joaquín González, en todas las dependencias gubernamentales.

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La afectada, Adriana N, quien interpuso la denuncia en contra de Luis Antonio N, por el delito de fraude, señala en el acta que hace tres años, cuando inició un negocio de comida sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, conoció a quien se ostentó como verificador sanitario con gafete con nombre y foto.

Luis Antonio le solicitó permisos, licencia de funcionamiento y tarjetas de salubridad porque de lo contrario él tenía la autoridad de clausurar el negocio y pedir a la fuerza pública le recojan sus pertenencias, ella le pidió que la apoyara porque apenas empezaba y quería pagar sus contribuciones, le contestó que no se podían registrar porque son negocios ambulantes, pero que él le ayudaría y llamaría a su superior para ver cuánto pagar.

Al día siguiente le informó que el permiso para vender le costaría cinco mil pesos por tres meses más mil 500 pesos por la tarjeta de salubridad, ella le dio los seis mil 500 pesos y siguió trabajando, el entonces inspector le prometió que le llevaría los permisos después, pero nunca lo hizo.

Como nadie más acudía a hacer verificaciones, Adriana relata en su declaración que todo iba en orden y su negocio comenzó a crecer, a los tres años ya tenía cinco sucursales y nueve trabajadores, el pago trimestral era ya de 25 mil pesos por los permisos, además de 10 tarjetas de salud, incluyéndose ella, por 15 mil pesos por cada seis meses.

Todo cambió hace tres meses cuando un verificador de salubridad acudió a solicitarle sus papeles, ella le respondió que todo estaba al corriente con Luis Antonio, quien no le había dado los permisos físicamente, así que fue citada ante la Cofepris.

En la Cofepris le dijeron que Luis Antonio sí trabajaba ahí, pero estaba adscrito al municipio Lázaro Cárdenas, ella había estado siendo extorsionada; le pidieron que cuando volviera el inspector a cobrarle, les avisaran de inmediato.

Así ocurrió el pasado 11 de julio, cuando al acudir a uno de los negocios, le informaron a la Cofepris, y mientras lo entretenían con la plática llegó un coordinador de la dependencia en compañía de elementos de Seguridad Pública para hacer la detención correspondiente, el sujeto sorprendido caminaba de un lado a otro, se acercó a su vehículo, una motocicleta, para sacar de su cajuela unos cigarros, se acercaba a la afectada, intercambiaban palabras, él negaba, ella aseguraba, y los policías procedieron a subirlo a la patrulla.

Ese día el coordinador le dijo a Adriana que Luis Antonio ya había renunciado.