Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Héctor José Contreras Mercader, oficial Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, compareció, ayer, ante legisladores locales, donde ofreció números alegres en materia de equipamiento vehicular para la Policía de ese municipio.

De acuerdo con el funcionario municipal, Benito Juárez cuenta con 371 unidades para la vigilancia policial, de las cuales, 209 fueron recibidas de la administración anterior, 97 fueron arrendadas desde marzo pasado, otras 25 rentadas desde enero y 40 entregadas por el Gobierno del Estado.

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Las cifras contrastas con la información aportadas recientemente por Rodolfo del Ángel Campos, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quien afirmó a diputados que en Cancún había apenas 60 unidades patrullando las calles, de las cuales 25 eran de la Policía Estatal.

El funcionario detalló que en el caso de los arrendamientos de 97 y 25 unidades, ambos contratos fueron adjudicadas a Grupo Empresarial Urfisa S.A. de C.V., la primera por licitación nacional y la segunda de manera directa.

Por el primer contrato, la erogación anual asciende a 46 millones de pesos, mientras que la segunda es por poco más de cuatro millones de pesos.

Explicó que la decisión de realizar un arrendamiento, en vez de una compra, fue con el objetivo de que año con año, el cuerpo policial cuente con unidades del año y de cero kilómetros.

“El contrato señala que el mantenimiento preventivo corre a cargo de la empresa, mientras que el mantenimiento correctivo será cubierto por el Ayuntamiento”, detalló Contreras Mercader.

Sin embargo, la información no convenció a varios de los legisladores locales, porque no se les entregó de manera escrita, además de que los datos fueron aportados a pregunta expresa de los diputados.

Incluso, la exposición inicial del funcionario municipal duró menos de un minuto, en donde se limitó a decir cuántas unidades recibieron de la administración anterior y cuantos fueron arrendadas recientemente.

Los legisladores acordaron que la información sea entregada de forma escrita, además que posteriormente se realizará una visita al municipio para verificar la información vertida por el funcionario.