Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- En las comunidades indígenas persiste el desconocimiento de los derechos humanos, lo que provoca que sean vulnerados sin que exista una denuncia o haya alguna sanción para el o los agresores.

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Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, informó que por lo anterior se preparan para prevenir violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“Los habitantes de las comunidades rurales, promueven la defensa férrea de sus derechos, pero solo de aquellos que conocen, el resto lo dejan pasar como si fuera un mal rato”.

Derechos indígenas

El año pasado, la Comisión atendió cinco quejas por concepto de derechos indígenas, de las cuales, solo una concluyó en una recomendación en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el municipio de Benito Juárez.

“La recomendación fue en virtud de una personas de origen Náhuatl,  presa en Cancún acusada de delitos contra la salud, en cuyo proceso penal nunca contó con un traductor o interprete, motivo por el cual se pidió la inmediata libertad de esta personas. Fue resuelto favorablemente y se comprobó la inocencia”.

Sosa Guillén señaló que en lo que va del año, solo han tenido una denuncia, presuntamente por discriminación, misma que se turnó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Se trata de una persona en Cancún que posiblemente fue víctima de discriminación por parte de una empresa, en la que laboraba, por tratarse de un caso de discriminación fue turnado a la Conapred”.

Agregó que algunas de las mil 500 quejas recibidas por la Comisión, en lo que va del año son de la zona maya, y de comunidades rurales, sin embargo, no son especificas por el hecho de ser indígenas.

Campaña

“Estamos promoviendo una campaña ‘Los Derechos Viven en Todas las Lenguas’, y en coordinación con otras autoridades para definir cuáles son las principales violaciones a sus derechos humanos y sus posibles soluciones, mediante un conversatorio”

Este conversatorio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de la Cuarta Visitaduría General, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quienes analizaran las propuestas para su posterior conocimiento a las autoridades involucradas.