Claudia Martin/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para poder llevar el proceso de los 29 docentes cesados injustificadamente de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) del Estado el pasado 15 de marzo, lo cual fue turnado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y hasta el momento se han escudado en que “tienen mucho trabajo” para poder llevar a cabo el proceso interpuesto por los abogados de los mismos.

Elsy Chi Cahuich, una de las docentes que fueron cesadas, señaló que exigen sean reintegrados en sus espacios de donde fueron despedidos además de los sueldos que les dejaron de otorgar, dado que afirmó tienen las pruebas para decir que el cese de los docentes fue de manera injustificada.

“Queremos que se tome en cuenta nuestra antigüedad, que se respete nuestro derecho de tantos años de servicio y que fuimos despedidos injustificadamente. Hemos rechazado la Reforma Educativa porque ésta inició con un examen punitivo con la única intención de desaparecer la plaza base para todos los trabajadores, ahorita es el magisterio pero pronto abarcará lo que respecta a salud y otras profesiones”.

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Precisó que desde que fueron cesados interpusieron su denuncia el tribunal, misma que se declaró incompetente para seguir el caso.

“Después fue turnado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ellos con el hecho de decir que tienen mucho trabajo no han atendido la demanda, es decir ya han pasado más de cuatro meses y no nos han dado respuesta”, dijo.

Resaltó que sus abogados han estado viniendo a la ciudad de Chetumal para poder ver la cuestión laboral y la reinstalación de sus puestos, pues consideran que es lo justo.

Indicó que todo el proceso jurídico lo están llevando de la mano con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático.

“Los despidos de los 29 docentes son ejecutados aquí en el Estado por parte de la misma Secretaría de Educación y Cultura”, afirmó la docente cesada que es de Playa del Carmen.

Mencionó que desde un principio se dieron muchas irregularidades, iniciando con que no fueron notificados en tiempo y forma, pues la Ley dice que debe ser avisado con tres meses de anticipación y ellos fueron notificados con tres días d anticipación.

Pero además en el área jurídica de la SEyC ya tenían todo planeado, pues incluso los oficios de baja estaban firmados y autorizados desde antes de que se dieran los tiempos jurídicos para revisar los expedientes.

“Nosotros en su momento denunciamos todo porque fuimos a la SEyC a revisar nuestros expedientes y ya estaba todo escrito y palomeado, es decir ya estaba autorizado y en ese momento lo denunciamos, especialmente al licenciado Bustillo el jurídico de la dependencia educativa, pero sí se han dado muchas irregularidades”, concluyó.