Un incomodísimo conflicto de intereses se detecta en las respectivas encomiendas de Karla Patricia Rivero González (Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado) y su esposo José Antonio Nieto Bastida, Vice Fiscal de la zona sur de la Fiscalía General del Estado. Analizada bajo la lupa de su responsabilidad como servidores públicos, esa relación convierte en letra muerta la Ley de Víctimas de Quintana Roo.

En los dominios de la Fiscalía General del Estado son vulnerados sin tregua los derechos de las víctimas sin que esa Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se atreva a reaccionar a la altura de su delicada responsabilidad.

La Comisionada Karla Patricia Rivero tiene que vigilar el cumplimiento de esta Ley que obliga a las autoridades sin excepción a promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, con mecanismos para que estas autoridades cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral de los daños y violaciones a los derechos humanos ocasionados a las víctimas.

El conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público pueden afectar su desempeño independiente