Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Bajo el juicio laboral 1072/2014 radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número 1, la red de corrupción tejida al interior de las Juntas Locales de Benito Juárez y Solidaridad, afectó a la empresa Asesoría en Servicios Pochteca S.A. de C.V., la cual cotiza en la Bolsa de Valores, mediante el embargo de más de 14.7 millones de pesos, poniendo de manifiesto que su alcance no se limitó a compañías y personas físicas con actividad empresarial del ámbito local, sino que llegó a empresarios a nivel nacional.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps), a través de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA), trabaja para determinar cuáles son los juicios apócrifos y su estado procesal, tras una solicitud de información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la cantidad de litigios y número de expedientes, a favor de supuestos trabajadores y en perjuicio de empresarios o inversionistas.

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Lo anterior, derivado de las declaraciones fiscales de compañías o personas físicas con actividad empresarial conforme al pago de laudos ejecutados que afectaron cuentas bancarias mediante el cobro de algún cheque emitido o por el congelamiento del recurso monetario, hechos que no solo favorecieron el despojo de predios y bienes inmuebles como departamentos de lujo, hoteles o lotes comerciales de mayor plusvalía, en el ámbito local y nacional, sino también para el embargo o congelamiento de cuentas bancarias.

“El SAT nos solicitó información en específico sobre si ciertas empresas tienen algún juicio laboral en su contra, porque las empresas reportaron una disminución de su capital mediante cheques enviados a la Junta y que ya fueron pagados a supuestos trabajadores”, informó Portillo Navarro.

La empresa Pochteca, que a raíz del juicio laboral apócrifo con número de expediente 1072/2014, promovido en la Junta Local Número 1, por un supuesto despido injustificado en perjuicio de Luis Alberto “N”, propició el congelamiento de todas sus cuentas bancarias bajo el RFC ASP110816-681, hasta por el embargo de 14 millones 710 mil 484 pesos, como fue el caso en Banamex, Banorte y HSBC.

No obstante, la Junta Local Número 1 por medio del oficio STYPS/DGTPS/JECA/315/16, del expediente 1072/2014, también le solicitó a Scotiabank Inverlat S.A. poner a disposición un cheque certificado por casi 15 millones de pesos, a nombre del supuesto trabajador.

Como parte de la información solicitada por el SAT, Catalina Portillo Navarro, titular de la Styps, en coordinación con el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y titulares de las Juntas Locales, determinan actualmente el número de litigios y su estado procesal, a fin de atender expresamente las observaciones del Sistema Tributario y cotejar que la empresa o persona física hayan declarado fehacientemente los juicios laborales a favor de supuestos ex colaboradores.

Ya se presentaron los primeros resultados: un juicio adicional al 1072/2014, también contra la empresa Pochteca, en esta ocasión en la Junta Local Número 2, bajo el número de expediente 1098/2014 fue detectado.

De ambos (el 1072 y el 1098) fue concedido un pago de más de cinco millones de pesos, pero en ninguno se siguió el debido proceso respecto al desahogo de pruebas, tampoco se llevaron a cabo las audiencias, dado que la empresa nunca fue notificada más que hasta que se dio la orden de embargo y bloquearon sus cuentas.

Los tentáculos de la red de corrupción al interior de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que operaron en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, no sólo fue en perjuicio de personas morales y físicas de Quintana Roo, sino también en agravio de empresarios en el Estado de México.

El vínculo establecido radica principalmente en el juicio presentado, ya sea en contra de una sucursal o la matriz, que también implica su ubicación fuera de la demarcación estatal.

Las afectaciones para las empresas no solo son por las cuentas embargadas, sino que además deben reportar las indemnizaciones a supuestos trabajadores ante el SAT.

Catalina Portillo adelantó que la recopilación documental permitirá presentar al menos 10 denuncias ante la Vicefiscalía General del Estado (VGE), por probable delito de peculado e infidelidad y custodia de documentos, en contra de ex presidentes como María Elide Medillen Pérez, Alexis Zavala Ávila, Javier Ernesto Rosado Sauri y Roberto Ibarra Morales, titulares de las Juntas Especiales número uno, dos, tres y de Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen, respectivamente.

Los probables actos constitutivos de delito incluirán a secretarios de acuerdo y secretarios generales, así como actuarios que abusaron de la fe pública y participaron en el despojo de propiedades y lotes, en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad.

En octubre dos denuncias fueron presentadas bajo cargos similares y durante la última semana de noviembre de 2016 otras cuatro.

Como parte de las indagatorias, el Registro Público atendió una relación de 25 folios de la Procuraduría General de la República (PGR) y Fiscalía General del Estado (FGE), bienes inmuebles y predios que permanecen asegurados.

El pasado miércoles se llevó a cabo la recuperación de cuatro departamentos de lujo, en el complejo residencial “Maioris Tower”, que se encuentra en Puerto Cancún, derivado del amparo indirecto 405/2016, del juicio laboral 392/2010, por el delito de despojo.