Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Sistema Nacional de Transparencia determinó otorgar un período de gracia a todos los sujetos obligados en el país, los cuales tendrán hasta el último día hábil de este 2017, para tener el 100% de sus portales de transparencia.

Aída Castro Basto, titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, confirmó que las verificaciones de páginas que realizan actualmente únicamente tendrán efectos de diagnóstico para que los sujetos obligados vayan subiendo la información que haga falta.

También te puede interesar: Omiten declarar patrimonio 30 ex funcionarios municipales

El plazo legal para cumplir con esa determinación a nivel federal concluyó el 5 de mayo de este año, sin embargo, las sanciones para quienes incumplan aplicarán hasta el 1 de enero de 2018.

Según el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03/05/2017-02, el órgano garante en Quintana Roo únicamente realizará entre el 5 de mayo y el último día hábil del 2017 Verificaciones Diagnósticas a los Sujetos Obligados.

Durante ese período, las Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, que se presenten por los particulares, se admitirán y acumularán para formar parte de la verificación diagnóstica

“No obstante, que las denuncias no tendrán carácter vinculatorio, esto es, que aún no surte efecto para los órganos garantes la facultad de poder poner las medidas de apremio y sanciones previstas en la Ley Estatal, este instituto activará el procedimiento de investigación de las mismas, a efecto de detectar áreas de oportunidad que mejoren el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del estado”, estableció el documento.

En el caso de Quintana Roo, según el último corte, se trata de 98 entes obligados a transparentar, no solo su funcionamiento, sino también el ejercicio de los recursos económicos públicos.

Entre esos entes están incluidos partidos políticos, sindicatos y fideicomisos. El número pudiera variar porque las disposiciones de transparencia aplican también para personas físicas y morales, siempre que reciban recursos públicos.