Ángel Castilla/SIPSE
CHETUMAL, Q.Roo.- Las denuncias en contra de Eduardo Espinosa Abuxapqui y César Euan Tun, y otros exfuncionarios municipales no tienen un plazo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) las pueda resolver.

José Antonio Nieto Bastida, Vicefiscal de la FGE, informó que primero se hace un análisis, se solicitan informes de investigación, y realizan diligencias que puedan arrojar datos y elementos aprobatorios para integrar una carpeta para resolver la denuncia en el sentido que marca la ley.

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“Una vez integrada la carpeta ya podemos judicializar un caso, determinar el ejercicio de una acción penal, dependiendo de los hechos que se imputan, pero estas acciones llevan un tiempo, solamente cuando los delitos se dan en cuestiones de flagrancia, tenemos un término de 48 horas para determinar la situación jurídica del detenido”.

Agregó que la FGE da la celeridad que ameritan las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, y en su momento, recabar toda la información, hay otras demandas pendientes contra ex funcionarios y se está dando la tramitación adecuada para tener en su momento una resolución firme y contundente en el ámbito jurídico.

“Las cuatro denuncias anteriores están en fase de integración de expedientes e investigación, no es sencillo, dependemos de instituciones bancarias y dependencias de gobierno, que brindan la información y en ocasiones es información bastante extensa y primero es el obtenerla que no es cuestión de un día para otro”.

El pasado martes, Marcela Rojas López y Miguel Palomo Tuyub, síndico y contralo municipal, respectivamente,  acudieron a la FGE a interponer la demanda penal, en contra de Eduardo Espinosa Abuxapqui y César Euán Tun, por el delito de desempeño irregular de la función pública, que dio como resultado de la revisión del documento entrega-recepción.

La demanda penal interpuesta cerca del mediodía de este martes, quedó asentada con el expediente número FGE/QR/OPB/05/2233/2017.

Estas dos denuncias se sumaron a las cuatro presentadas con anterioridad, dos por delito de desempeño irregular de la función pública en contra de ex funcionarios de la dirección de Obras Públicas y dos por peculado en contra de ex funcionarios de la Tesorería.