Desde luego hay que alegrarse de que se haya logrado el martes el rescate de Magaly Alpuche Solís, esposa del exsecretario de Salud Juan Carlos Azueta Cárdenas, secuestrada –así se dice en español, tecnicismos jurídicos aparte– la víspera en el Bulevar Bahía de Chetumal.

Sin embargo no podemos ignorar que en lo que va del año, de manera creciente, la delincuencia organizada y la común de Quintana Roo parecen sentirse a sus anchas, operando a la vista de todos, ejecutando sujetos casi a diario, agarrándose a balazos en las calles y las plazas comerciales y hasta atacando impunemente con comandos armados a la Fiscalía General en Cancún.

Fueron muy torpes los secuestradores: los testigos tomaron las placas y las características del vehículo, que luego se voló como alma que lleva el diablo un retén carretero a la salida de Chetumal para ser detenido un par de kilómetros adelante, en Carlos A. Madrazo: a juzgar por el detenido que no resultó tan rápido ni tan furioso y por la mota que traía en la guantera, más parecen los pillos unos tizos en busca de centavos para sus churros que miembros de bandas delincuenciales.

Como sea: alarmó el suceso por el hecho de que en la meridional capital rara vez se habían presentado acciones similares. Hubo y persiste la sensación de que a la tradicionalmente pacífica ciudad de Chetumal están llegando las amenazas que asuelan a otras ciudades del país y a por lo menos un par del norte del estado.

A semanas del primer informe de gobierno de Carlos Joaquín González, de las carteras más deudoras con “el cambio” –que son varias y se espera que la ceremonia de rendición de cuentas de septiembre, más allá del besamanos, traiga golpes de timón y relevos urgentes–, destaca por su ineficiencia la que debiera liderar el combate a la delincuencia: la Fiscalía General.

Desde hace algunos años el marco legal penal obliga a todas las corporaciones a combatir al hampa, sin importar el fuero en el que recaigan las felonías de que se trate y si las fuerzas son federales, estatales o municipales. Con el mando único local en funciones es, por su carácter de corporación investigadora, la Policía Ministerial la que con el apoyo de la preventiva estatal y las municipales la que debiera conducir los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno –policías federales y fuerzas armadas incluidas –, pero si por su tardanza para “entambar” a los corruptos del régimen anterior la entidad ha provocado una notable decepción ciudadana, su lerdo titular Miguel Ángel Pech Cen en la persecución de las bandas criminales desde la balacera del antro Blue Parrot de Playa del Carmen, en enero, se ha visto más lento que el caballo del malo. Los criminales, que ni inquietos se sienten por las fuerzas del orden, tienen ante los ojos vacíos de autoridad que, gustosos y quitados de la pena, están dispuestos a llenar y lo están haciendo con singular alegría.