25 de Marzo de 2017

Quintana Roo

Encuentran más juicios apócrifos

Estaban en riesgo propiedades de Playa del Carmen y Cancún.

Se despojaron propiedades con juicios apócrifos comandados por la Junta de Conciliación y Arbitraje. (Jesús Tijerina/SIPSE)
Alejandra Galicia/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) detectó al menos 25 expedientes más con el mismo patrón para despojar propiedades en Cancún y Playa del Carmen que no se concretaron.

Catalina Navarro Portillo, titular de la STyPS, dijo que estaban en riesgo condominios de los dos principales destinos turísticos del estado, mismos que fueron encontrados en proceso de ejecución en el rezago histórico de expedientes de demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

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“Son diversos condominios, casas o incluso hoteles, los cuales hasta el momento no se han ejecutado porque hay irregularidades dentro de los juicios, eso es lo que estamos revisando”, mencionó la secretaria de Trabajo.

La STyPS ya interpuso las primeras seis demandas por despojos el año pasado, faltan 10 por colocar ante la Vicefiscalía de la zona norte, dentro de las demandas encontraron que se generaron expedientes en los que se agregaron empleados “inexistentes”, ya que al corroborar los datos con el Instituto Nacional Electoral (INE), determinaron que no radican en Quintana Roo. 

Aparte de las denuncias ya interpuestas, más las que faltan, los nuevos hallazgos en la Junta de Conciliación y Arbitraje derivarán en nuevas demandas, además de que los jueces de distrito y tribunales colegiados han ordenado a la dependencia que se dé aviso al Ministerio Público por encontrar decenas de empleados apócrifos en los expedientes.

Entre las anomalías se encuentran abogados que están defendiendo a los empleados “inexistentes” que están en los expedientes.

La autoridad laboral anunció a mediados de enero que entre las denuncias por despojos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum existen al menos 34 afectados, entre empresas morales y personas físicas que sufrieron incautaciones de propiedades y cuentas bancarias a través de juicios apócrifos comandados por la Junta de Conciliación y Arbitraje de todas las juntas locales, durante la administración estatal del exgobernador Roberto Borge Angulo.

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