Benjamín Pat/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Juzgado Sexto de Distrito resolvió negar la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Sefiplan, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia de Chetumal y otras autoridades.

Tras la decisión, el ex funcionario tendrá que esperar que se resuelva el fondo del recurso, durante una audiencia constitucional, para ver si se le otorga o se le niega el amparo, recaído en el expediente 897/2017.

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El ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, durante el Gobierno de Roberto Borge Angulo, busca el amparo de justicia federal para evitar ser detenido en un momento dado por la FGE.

Guillermo Molina se encuentra relacionado con varias de las denuncias penales presentadas, en los últimos meses de 2016 y los primeros de este 2017, por la Secretaría de la Gestión Pública por el daño a las arcas del estado.

Desvío de recursos económicos

Una de las denuncias donde se menciona el nombre del ex funcionario refiere a 700 millones de pesos que fueron presuntamente desviados, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), ahora Sedarpe (Desarrollo Agropecuario,  Rural y Pesca).

Otra está relacionada con el presunto desvío de recursos económicos, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), incluyendo 560 millones de pesos de un crédito bancario, que una vez contratados fueron transferidos a la Sefiplan.

El más reciente refiere al expediente 151/2017 que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) por el caso VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S. A., que mantiene en prisión preventiva a Carlos Acosta Gutiérrez, director y representante legal de esa empresa.

Guillermo Molina, al igual que otros 10 ex funcionarios estatales fungió como tesorero del Consejo de Administración de VIP Saesa, que según la investigación realizó varios contratos millonarios que fueron pagados a pesar de que no se  recibió el servicio.

Recientemente, dos de los implicados en la misma carpeta administrativa lograron las suspensiones definitivas contra actos del Juzgado de Control en Materia Penal de Chetumal, aunque se les estableció una fianza de 59 millones de pesos.