Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Justicia del Congreso Local espera recibir en las próximas fechas más solicitudes de juicios políticos en contra de personajes de la administración estatal anterior, confirmó su presidente Carlos Mario Villanueva Tenorio.

“Muy probablemente esta semana puedan ir cayendo más. Nos dieron el pitazo (sic) de que llegarían juicios políticos. No quiero adelantarme a juicios ni a nombres porque desconozco en este momento”, señaló.

No obstante, entre los que se manejan están el de Roberto Borge Angulo, exgobernador, Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y algunos otros integrantes del gabinete legal del gobierno anterior.

También te puede interesar: ¡Da el ejemplo! Diputado renuncia a sus vales de gasolina

De igual manera se menciona el nombre de Carlos Lima Carvajal, exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Éste último enfrenta un proceso administrativo, junto con dos magistradas, que pudieran llegar incluso a la destitución, por haber violado la Ley de Servidores Públicos en lo referente a la declaración patrimonial.

Además, está señalado por posible violencia política, cuya investigación fue ordenada al Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De concretarse, se sumarán a otros cinco asuntos que están pendientes en el Congreso del Estado, algunos de ellos en contra de ex presidentes municipales.

El más reciente fue presentado por un consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en contra de magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

“Ratificaron la semana pasada el tema, y el miércoles pretendemos sesionar para atender los cinco juicios, la mayoría para desechar y en el caso del Teqroo determinaremos si procede o no. En caso de que sí se va a turnar para el inicio del procedimiento”, destacó.

El objetivo de los juicios políticos es determinar la destitución e inhabilitación de una persona para ocupar cargos públicos en Quintana Roo.