Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- A más tardar el próximo 25 de julio, el Gobierno de Quintana Roo deberá entregar toda la información financiera referente a la deuda pública a largo plazo, como parte de las reformas constitucionales recientes en materia de disciplina financiera.

El informe documental se deberá entregar a la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) que, a su vez, hará llegar la información a la Diputación Permanente del Congreso de la Unión, confirmó Emiliano Novelo Rivero, titular del organismo.

“Ya enviamos el requerimiento a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), como responsable de la hacienda estatal, pero no nos han respondido todavía”, mencionó Novelo Rivero.

El informe deberá contener el monto total de los créditos bancarios, la fecha de contratación, los plazos de vencimiento, tasas de interés, así como la situación de los pagos, es decir, si están al día.

Municipios deben rendir cuentas 

La información no sólo será de la deuda estatal, sino también de los municipios y otros organismos que mantengan empréstitos a largo plazo, no así los créditos financieros de corto plazo.

“Lo que ellos (diputados federales) quieren es saber que tan endeudados están los estados y los municipios, derivado de la reforma”, indicó el entrevistado.

La deuda pública a largo plazo del Gobierno del Estado asciende a 19 mil 974 millones 852 mil 323 pesos, con corte a marzo de 2015, de acuerdo con el reporte financiero oficial.

El plazo más alto es de 25 años y corresponde a un refinanciamiento por tres mil 999 millones 999 mil 990 pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).

El tanto el plazo más bajo es de 12 años y refiere a otro refinanciamiento por 400 millones de pesos con el Banco HSBC.

En febrero pasado el Senado de la República aprobó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que buscan regular el endeudamiento de las entidades federativas y los municipios.

La declaratoria de aprobación se hizo apenas en mayo pasado, una vez que 24 estados del país, entre ellos Quintana Roo, ratificaron las modificaciones legales.