La administración que encabeza Carlos Joaquín González ha tomado muy en serio la aplicación de la ley, en contra de los funcionarios que el sexenio pasado cometieron graves delitos que provocaron la quiebra financiera del Gobierno del Estado.

Se habla de historias truculentas de cómo, a manos llenas, los colaboradores más cercanos de Roberto Borge Angulo se llenaron los bolsillos de millones de pesos de las arcas públicas sin mayor pudor, a sabiendas de que serían solapados las veces que fueran necesarias por su jefe, quien ya comienza también a sentir pasos en la azotea.

Uno de los funcionarios más corruptos de la administración anterior es Eliezer Villanueva Lanz, dedicado durante muchos años a acumular una insultante riqueza, sea como prestanombres o directamente involucrado en desvío o lavado de dinero, convirtiéndose en un poderoso funcionario al que todos le temían.

Durante su campaña política, Carlos Joaquín González escuchó muchas quejas de los quintanarroenses ante la bacanal de despilfarro, abusos de poder, intolerancia, indiferencia, despotismo e insensibilidad de aquellos que pensaron que Quintana Roo era su patrimonio personal.

Aun estando vigente la administración pasada, los ciudadanos valientemente externaron su molestia sobre el mal proceder de “servidores públicos” dedicados al saqueo más despiadado que se tenga memoria en Quintana Roo, pensando que si ganaba el candidato priista, seguirían gozando de absoluta impunidad.

Las actuales autoridades señalaron en repetidas ocasiones que se estaban realizando acciones legales para poner en el banquillo de los acusados a muchos implicados en diversos delitos como para llenar cientos y quizá miles de páginas de voluminosos expedientes.

El tiempo iba pasando y el descontento ciudadano aumentaba de manera exponencial, los reclamos se convirtieron en la principal crítica contra el gobierno de Carlos Joaquín, al que incluso tildaron de estar protegiendo a los ex funcionarios borgistas.

Pero las últimas noticias han puesto las cosas en perspectiva: no se solapará a quienes, abusando del poder y de la impunidad que caracterizó al anterior gobierno, creyeron que se saldrían con la suya.

Hoy, son muchos los que han tenido que pedir amparos, están escondidos debajo de las piedras o en alguna cueva oscura como lo hacen las cucarachas cuando huyen del insecticida.

Los quintanarroenses tenemos el derecho de exigir justicia, que el peso de la ley caiga sobre estos personajes corruptos que traicionaron la confianza de la sociedad, provocaron la debacle financiera de Quintana Roo y sumieron en la pobreza y la desesperación a miles de personas víctimas del despilfarro de recursos más grosero y brutal.

No puede haber olvido y menos perdón contra ellos, la ley se debe aplicar sin miramientos, pero no sólo para meterlos a la cárcel, sino para que devuelvan todo lo que se robaron impunemente.