Juicio sí; cárcel no

Ya está tras las rejas una conspicua gestora de la “caja chica” de Roberto Borge Angulo...

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Ya está tras las rejas una conspicua gestora de la “caja chica” de Roberto Borge Angulo – otrora alta funcionaria de la Seduvi–, Paulina García Achach, pero si el lector nos permite ser escépticos, no durará mucho tiempo durmiendo en camas de concreto en el Cereso chetumaleño.

La nota más importante es que a Juan Pablo Guillermo se le cayó el amparo, por lo que ya queda a disposición del congreso para ser castigado. La justicia federal le negó en juicio la suspensión definitiva contra actos de la autoridad, que en el caso particular es la XV Legislatura local, que busca someterlo a juicio político. Le jalarán las orejas al otrora responsable de las finanzas estatales, tras el proceso no podrá ocupar puestos públicos durante algunos años –si lo arman bien, tal vez dos décadas de inhabilitación le esperan–, será señalado por la sociedad como un traidor a la confianza de la ciudadanía, si gusta usted portará horrendas orejas de burro el resto de sus días… mismos que pasará gozando de los millones de pesos mal habidos que le reclama la sociedad. Qué vergüenza, sí, pero para sufrir sus penas seguramente le ayudará el billetote que le robó a Quintana Roo.

Desprestigio, imposibilidad de volver a colocarse en posición de robar, cancelación de visas para Estados Unidos serán las monsergas que tendrá que padecer el gurú financiero de Roberto Borge, pero con una copa de champán en la mano podrá decir “ay cómo sufro”.

Entrevistamos hace poco al contralor estatal Rafael del Pozo Dergal, quien nos confirmó algo que ya veníamos comentando aquí acerca de la persecución de los pillos del borgismo: los delitos que persigue la fiscalía estatal no ameritan cárcel.

El encierro de Mauricio Rodríguez Marrufo, que al momento de ser capturado por su escandalosamente corrupto desempeño como titular en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda durante el gobierno de Roberto Borge Angulo era alto funcionario del gobierno municipal de Remberto Estrada Barba en Benito Juárez, es poco probable que dure mucho. Tampoco la sonada detención de la chica Paulina va a acabar en una acción precisamente justiciera: las medidas cautelares del juez de control seguramente no aguantan ni el roce de una impugnación. Se caerán en segunda instancia, sin duda. “Jum… este reportero sí sabe de eso… jum”

Van a salir de la cárcel. pasarán sus procesos judiciales en libertad y seguramente se atacarán de la risa por tantos esfuerzos fallidos, tanta alharaca desplegada por su captura en una linda alberca en Cumbres, residencial de Cancún.

Rafael del Pozo tuvo la honestidad de decírselo a la audiencia de la radio estatal este domingo, en entrevista con quien ahora teclea lo que usted lee, sin menoscabo de su relevante papel como perseguidor de ratas gubernamentales. En verdad quisiéramos que gente tan honesta nos diera tanto las buenas como las malas noticias, y seguramente será porque la transparencia es su tema: no va a ser fácil encarcelar a los pillos del régimen anterior y de dos o tres más. El contralor nos confirmó de paso que Carlos Joaquín exigió a todo su equipo atenerse y ajustarse a la normativa, que en el marco del actual sistema de justicia penal es muy laxo con los probables infractores, lo cual puede hacernos muy felices como ciudadanos pero muy poco optimistas en cuanto a la persecución de los conocidos por todos y con sus secuaces de la caravana de las temibles  “suburbans” blancas.

Mal, por Carlos Joaquín por haber levantado esa bandera justiciera. Es contador –muy bueno, por cierto–, pero no abogado. Tal vez le dijeron que levantar su prosapia ciudadana, el innegable prestigio de su familia bastaría para meter al tambo a los pillos predecesores, pero acaso no le explicaron los vericuetos que inopinadamente toma la justicia.

Cosa del diablo, eso de los abogados. El que esto escribe por eso mejor se dedica a hablar de la reproducción de las esponjas marinas de Madagascar.

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