Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Bajo la administración que encabezó el ex gobernador Roberto Borge Angulo, la red de corrupción tejida al interior de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje radicadas en Cancún y Playa del Carmen, a través de la simulación de actos jurídicos dentro de juicios laborales apócrifos, logró despojar al menos 26 hoteles, 13 cabañas, 55 departamentos de lujo y franja costera de mayor plusvalía en Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, además del embargo o congelamiento de cuentas bancarias por montos superiores a 15 millones de pesos, poniendo de manifiesto que su alcance no se limitó a compañías y personas físicas con actividad empresarial del ámbito local, sino que llegó a empresarios a nivel nacional.

Como ocurrió en Tulum con los hoteles Cabañas Ixchel, Dos Ceibas, Playa Azul y Puerta del Cielo, adjudicados por remate laboral, en mayo de 2014; el embargo de 51 de 62 departamentos de condominio Lagoon Loft y cuatro departamentos del complejo “Maioris Tower” en Cancún, ubicados dentro del Club de Golf Pok Ta Pok y Puerto Cancún, respectivamente; el congelamiento o embargo de 14.7 millones de pesos a la empresa Asesoría en Servicios Pochteca S.A. de C.V. o en su caso, el despojo de la franja o predio costero denominado “Punta Piedra”, dentro del ejido José María Pino Suárez, en Tulum, por mencionar algunos.

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Hasta el momento, no existe un avalúo real o cálculo sobre el impacto económico que pudo significar el despojo de bienes inmuebles respecto a los activos de personas morales y físicas, sin embargo, Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps), aseveró que deben conocer la superficie real de las propiedades y cotejar el valor catastral para conocer el impacto y a su vez dictaminar sobre los metros cuadrados construidos, servicios e instalaciones.

No obstante, derivado de las declaraciones fiscales respecto al pago de laudos ejecutados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que fueron afectadas cuentas bancarias por medio del cobro de cheques o congelamiento del recurso monetario que obedecen a laudos laborales, en el caso de la empresa Pochteca propició el congelamiento de todas sus cuentas bancarias en Banamex, Banorte y HSBC, bajo el RFC ASP110816-681, hasta por el embargo de 14.7 millones de pesos, aunado que la Junta Local Número 1 solicitó a Scotiabank Inverlat S.A. poner a disposición un cheque certificado por casi 15 millones de pesos.

De acuerdo a Portillo Navarro, la simulación de juicios laborales involucró directamente a María Elide Medillen Pérez, Alexis Zavala Ávila, Javier Ernesto Rosado Sauri y Roberto Ibarra Morales, titular de la Junta Especial número uno, dos, tres y de Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen, respectivamente, así como al actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez, personal adscrito a Junta Especial número 2, entre otros, demandados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por probables delitos de peculado y custodia de documentos.

En su momento, Francisco Siman Carpio, apoderado legal de Maioris Cancún S. de R.L. de C.V., comentó que la estrategia para despojar de bienes inmuebles y/o predios se dio por medio de demandas laborales de trabajadores ajenos a las empresas y las Juntas Especiales mediante notificaciones simuladas en las que declaraban rebeldía de los empleadores, en función que no se presentaban a conciliar el despido injustificado, que propició el embargo de propiedades y congelamiento de cuentas bancarias por conducto de laudo laboral.

Recientemente, la titular de la Styps sostuvo una reunión con los presidentes de las Juntas Especiales de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad para conocer a ciencia cierta la cantidad de litigios laborales y número de expedientes por supuestos trabajadores dentro del periodo 2011-2016.