Estos son los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia

Ejercerán el cargo por un periodo de seis años, que concluirá el 16 de noviembre de 2022.

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El Congreso aprobó por unanimidad el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. (Archivo/SIPSE)
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Redacción 
CHETUMAL, Q. Roo.- Por unanimidad, los integrantes de la Decimoquinta Legislatura designaron a las licenciadas Dulce María Balam Tuz y Verónica Gloria Acacio Trujillo y al licenciado Luis Gabino Medina Burgos, como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un periodo de seis años, que concluirá el 16 de noviembre de 2022.

Previo a la elección, la diputada Mayuli Martínez Simón, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que con la designación de los tres nuevos magistrados, se restaurará de manera paulatina la credibilidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, tan cuestionada hoy en día por la opinión pública.

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Martínez Simón previno a los nuevos magistrados, que al emitir sus fallos en la esfera de su jurisdicción, deberán observar en todo momento el mejor derecho para las partes, resolviendo de manera justa y razonada.

“Les hacemos saber que los integrantes de la Decimoquinta Legislatura estaremos vigilantes de su actuación y así como ahora se les está reconociendo con el alto honor de ser ungidos como Magistrados del Poder Judicial del Estado, también les exigiremos rendición de cuentas sobre su actuación”, sentenció.

Por su parte, el diputado José Esquivel Vargas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó la apertura al debate de las ternas presentadas, como parte del compromiso y obligación de los legisladores con la democratización del Poder Judicial.

Esquivel Vargas, pidió a los nuevos magistrados, que actúen con honestidad, con valentía y que nunca les tiemble la mano para decidir lo que tengan que decidir con apego a la justicia y protección a los derechos humanos.

Trayectoria

Dulce María Balam Tuz, es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, ha cursado la maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Sur. Ha sido juez primero familiar de primera instancia del distrito judicial de Cancún y Cozumel, así como juez civil de primera instancia del distrito judicial de Cozumel.

Luis Gabino Medina Burgos, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Sur, docente en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ha sido actuario del juzgado tercero civil del distrito judicial de Cancún, secretario de acuerdos, secretario proyectista, visitador judicial, juez itinerante en materia civil, mercantil y familiar, y juez del juzgado segundo civil de Playa del Carmen y juez del juzgado tercero civil de Cancún.

Verónica Gloria Acacio Trujillo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un posgrado en la Escuela Libre de Derecho, ha cursado diversos diplomados en derecho procesal constitucional, derecho procesal civil, y en criminología y prevención del delito. Entre los cargos públicos desempeñados se encuentra el de directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Leyes de ingresos

En la misma sesión, se dieron entrada a las leyes de ingresos para los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y de Isla Mujeres, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El municipio de Benito Juárez proyecta ingresos por la cantidad de 2 mil 960 millones de pesos, el municipio de Solidaridad por la cantidad de 1 mil 724 millones 214 mil 39 pesos, Isla Mujeres espera ingresar 266 millones 356 mil 541 pesos, mientras que el municipio de Lázaro Cárdenas ha proyectado ingresar 188 millones 111 mil 482 pesos.

Finalmente, el Congreso de Quintana Roo avaló la minuta de reforma constitucional en materia de justicia laboral, aprobada por la Cámara de Diputados, mediante la cual los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de tribunales del Poder Judicial de la Federación; y se crea un organismo federal descentralizado de conciliación, entre otras.

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