Eric Galindo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- A raíz de la balacera que se registró el pasado 17 de enero en la Vicefiscalía de la zona norte, y los hechos violentos en la discoteca Blue Parrot en Playa del Carmen, las extorsiones telefónicas aumentaron, una semana después de los hechos la Policía Federal atendió 10 reportes, señaló Hernán Cordero Galindo, presidente de la Asociación Ángel Ciudadano-México SOS.

Las extorsiones por cobro de derecho de piso fueron contra comercios, antros, veterinarias, centros educativos, dijo Cordero Galindo.

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El presidente de dicha asociación civil mencionó que ellos recibieron las denuncias, las cuales canalizaron a personal de la Policía Federal, quienes las atendieron y el 99% de los casos tuvo resultados satisfactorios para los agraviados.

En el centro de denuncias anónimas 089 reconocieron que se incrementaron, pero de nada sirve el reporte, ya que simplemente lo registran, dan al agraviado el consejo de bloquear el número, pero no se llega a una investigación formal. 

Un ejemplo fue una denuncia anónima que recibieron de una víctima de extorsión, quien reportó le hablaron del número 9982777709, un sujeto que se identificó como ingeniero Roberto Cervantes, presidente del Club Casablanca, solicitó hablar con el agraviado, le dijo que era el jefe financiero del Cártel del Golfo, pero en ese momento colgó.

          Foto: Luis Soto

La operadora del 089 le informó al denunciante que dicho número ya lo tienen identificado en 26 formas de extorsionar a la gente, principalmente a despachos jurídicos y contables.

En esta semana fue reportado dos veces el número, pero tienen registro de que con dicho número ya se realizaron extorsiones desde hace un año.

El telefonista le proporciona a la víctima un número de folio para darle seguimiento a su denuncia anónima, también da la página web: ssp.qroo.gob.mx, para que ingrese sus datos y le puedan dar una mejor atención.

Cordero Galindo dijo que de las 30 denuncias que se metieron en el 2016 por extorsión telefónica, ninguna fue resuelta por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).