Migración “amarga” en la frontera

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Chetumal, posee un informe titulado...

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El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Chetumal, posee un informe titulado “Conectividad Laboral y Migratoria en la Agroindustria Azucarera en la Frontera Sur de México”, de su investigadora titular Martha García Ortega.

El estudio, redactado para el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID), sería el más completo en la materia realizado en terreno en las siete regiones cañeras del país, entre estas Quintana Roo, con su ingenio San Rafael de Pucté.

La antropóloga social con doctorado en Ciencias Sociales, destaca que la investigación expone la movilidad laboral -interna y transfronteriza- atraída por la zafra y el café, “un tema poco conocido en la literatura de las migraciones y en la opinión pública sobre los límites con Centroamérica”, pondera.

La también integrante del Sistema Nacional de Investigación nivel 1, sostiene que son múltiples las razones de su interés. Por ejemplo: en agosto de 2016 culminó la privatización de los ingenios, por lo que desde este año todos están en mano privadas. ¿En qué ha cambiado? Los detalles deberán escudriñarse.

Ambos cultivos han sido grandes demandantes de fuerza de trabajo, tanto del interior de la república como proveniente de Guatemala y Belice, por lo que prevalece una experiencia histórica, fomentando desplazamientos periódicos, principalmente en la franja limítrofe del sur. En los estados de la región, los siete ingenios absorben 8 mil trabajadores en la cosecha de caña (10% del total nacional). Tal movilidad se enmarca en las actuales corrientes migratorias globales Sur-Sur.

Por último, no debe olvidarse que México se ubica entre los diez primeros productores y consumidores de azúcar. El sector es el más dinámico en función de la alta movilidad en periodos de zafra (noviembre-junio).

Respecto a los desafíos, precisa la catedrática, “son diversos y crecientes”: van desde el rezago tecnológico, los bajos precios pagados, la infraestructura heterogénea, los problemas de financiamiento, el endeudamiento y la incapacidad administrativa, hasta la sostenibilidad socio-ambiental, el cambio climático o la adquisición de insumos. Y hoy se enfrenta la revisión del TLC, con las incertidumbres propias del caso.

Aunado a ello, alerta, el mercado de trabajo se sostiene sobre un modelo precario en términos de la desregulación laboral, control político y desatención institucional. “La vulnerabilidad y la falta de garantía para ejercer sus derechos laborales resultan injustificables”, critica.

Aunque la ocupación del corte de caña es eminentemente masculina, también participan mujeres y es común ver niños en los cañales. La ausencia de infraestructura educativa poco aporta a cubrir un espacio de ocupación y formación de los menores de 18 años, muchos de ellos ya jefes de familia.

Datos de una encuesta realizada en la zafra 2011-2012 (que permanecen vigentes, asegura), revelan que el 70% es contratado de palabra. En campo “se constató que la paga es de sobrevivencia: desde hace más de media década el precio de una tonelada de caña cortada está alrededor de 35 pesos. Si está sucia o mal cortada, es menos”.

El mantenimiento de los espacios donde viven corre a cargo de los encargados de la zafra, pasando factura a los productores empleadores, que son pobres, minifundistas y endeudados.

Más próximo a la condición de los trabajadores internacionales está el problema de su registro migratorio, que no logra ser clara por culpa de vicios y prácticas nocivas.

García concluye que existe una deuda histórica con los trabajadores agrícolas cañeros por lo que garantizar empleos dignos es lo mínimo para fortalecer la seguridad humana de las fronteras.

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